Extremadura duplica la espera que marca la ley para resolver ayudas a la dependencia

Según la ley, desde la presentación de la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación o servicio no pueden pasar más de seis meses, pero en Extremadura se suele superar el año. En concreto, en 2022 fueron 381 días de media, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia.

Está entre las regiones que más demora acumulan en la resolución de este tipo de solicitudes. La media del país se sitúa en 344 días y Extremadura es la cuarta que más tarda, por detrás de Canarias (977), Andalucía (544) y Murcia (486).

Solo dos territorios están por debajo a los seis meses que establece la Ley como plazo para esta tramitación. Son Castilla y León (125) y País Vasco (136). Otros tres, Navarra, Cantabria y Castilla La Mancha, se acercan a los 180 días.

Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas en los últimos años, el ritmo de tramitación es insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones.

Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, los motivos de estos retrasos, después de 16 años de implantación de la Ley, son múltiples, pero apuntan principalmente a dos. «Los recortes sufridos en la financiación de la Ley, aún vigentes, afectaron de forma gravísima a la etapa de despliegue y generaron enormes bolsas de desatención al no resolver los procedimientos por parte de las administraciones», explican.

A esa cuestión añaden los trámites burocráticos creados por administraciones que, «lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierten en una trampa para el acceso a prestaciones y servicios».

El proceso establece dos procedimientos administrativos. Por un lado, la resolución del grado de dependencia y, por otro, la resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona.

Sin embargo, el trámite se suele alargar y en ocasiones cuando llegan las resoluciones la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones. Ante esta demora, al afectado solo le queda acudir a la tutela judicial por la vía contenciosa administrativa, que también es «lenta, farragosa y costosa», según indica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Pese a las preocupantes esperas, el Gobierno central puso en marcha un plan de choque en 2021 para la dependencia que en los últimos años ha ido reduciendo tiempos de demora, por ahora insuficientes pues se sigue incumpliendo la ley.

De hecho, desde que empezó a funcionar ese plan, Extremadura ha reducido en más de 300 días el tiempo medio de espera desde la presentación de la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación. Si al final del ejercicio 2022 la demora era de 381 días, un año y once meses antes era de 691.

Según indicó el anterior director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad), José Vicente Granado, en una comparecencia en el Parlamento regional, Extremadura fue la segunda comunidad que más redujo el tiempo de espera.

Ahora la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, se ha marcado como objetivo tramitar los expedientes en los 180 días como máximo que marca la ley.

Sin embargo, en una reciente comisión en la Asamblea, García Espada afirmó que «el anterior Gobierno no se lo ha puesto fácil por la herencia recibida». Dijo que la Junta perderá 12 millones en dependencia porque el PSOE «no los justificó» y para este 2023 en vez de disponer de 23 millones contarán con once.

Por su parte, el que fuera consejero de Sanidad y Políticas Sociales con el Gobierno de Guillermo Fernández, José María Vergeles, asegura que mienten y que todo está justificado en tiempo y forma. Alude a que los mayores recortes en ayudas a la dependencia se hicieron durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Finalmente, García Espada ha incidido en que el Ejecutivo de María Guardiola «ha logrado en un mes dar respuesta a 1.100 expedientes de pago de prestaciones para personas dependientes». Asegura que «formaban parte de una lista de más de 5.000 solicitudes que llevaban más de seis meses esperando a recibir la ayudas».