El Defensor del Pueblo critica «la pasividad« de la administración con la ley de retirada de amianto
La oficina de Ángel Gabilondo incluye a Extremadura entre las autonomías que al acabar 2022 no habían contestado a su requerimiento sobre elaboración de censos y calendarios
El Defensor del Pueblo cree que las administraciones españolas deben poner más de su parte para que se cumpla la ley que obliga a los ... ayuntamiento a hacer un censo de edificios con amianto y un calendario para la retirada de esta sustancia cancerígena prohibida en España desde el año 2002. Esa misma normativa (la ley 7/2022) adjudica a las autonomías la tarea de «inspeccionar y verificar que los materiales se han retirado y enviado a un gestor autorizado».
La oficina que dirige Ángel Gabilondo –sustituyó en noviembre de 2021 al extremeño Francisco Fernández Marugán– inició una actuación de oficio con las comunidades y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, «para supervisar la puesta en marcha de las nuevas medidas establecidas por la ley». «Tras un análisis de las respuestas recibidas hasta finales de 2022, el Defensor del Pueblo –expone este en su último informe anual– ha concluido que algunas administraciones se hallan aún en las fases preliminares de impulso de las medidas previstas en la norma y que por tanto, las posibilidades de cumplir el plazo son escasas».
Las dudas al interpretar la ley
Se refiere este organismo al año que la ley concedía a los consistorios para elaborar sus censos y calendarios. Ese plazo concluyó el pasado día 10, y en el caso de Extremadura, la Junta asegura que ningún ayuntamiento le ha remitido información. El Defensor detalla que la región era una de las que al acabar 2022, no había respondido a su requerimiento. En término más generales, la oficina de Gabilondo asume que la legislación es confusa, «pero las dudas interpretativas no justifican la pasividad administrativa». Más aún, plantea, cuando todas ellas saben desde abril del año pasado que tenían un año para elaborar los censos y calendarios.
De hecho, sigue el Defensor, pese a estas dudas hay consejerías que han dado pasos, «como dirigirse a las diputaciones o las federaciones de municipios para instar y coordinar las actuaciones». No se cita a Extremadura entre estas, quizás porque a la fecha de redactar el informe anual, la región no había informado al Defensor. Pero ese paso, el de contactar con diputaciones y federación de municipios, ya se ha dado en la comunidad, aseguró al Junta esta semana.
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