La condonación del Gobierno permitiría reducir un tercio la deuda extremeña

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera, que permitirá a la Administración central asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra).

El Ministerio de Hacienda destaca que permitirá a los territorios beneficiados reducir las deudas pendientes, liberar unos 6.700 millones de euros del pago de intereses y ganar autonomía financiera al facilitar su vuelta a los mercados ordinarios.

El texto está en fase de audiencia e información pública. El 25 de septiembre se cerrará el plazo de presentación de observaciones, tras lo que se redactará la norma definitiva que deberá aprobar el Gobierno. Después se remitirá al Congreso, donde el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez no tiene mayoría, por lo que aún no está segura su aplicación. Pero hay que recordar que esta medida parte del acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña.

La norma redactada por el Gobierno pretende ir más allá y favorecer a todas las comunidades autónomas. La medida, de carácter excepcional y voluntario, pretende corregir el endeudamiento excesivo al que se vieron abocadas las regiones durante la crisis financiera por las carencias del sistema de financiación, que en época de caída de ingresos fiscales por pérdida de actividad no tiene capacidad para sostener las necesidades de los territorios, que gestionan competencias tan importantes como la sanidad y la educación.

Para ello, Hacienda ha comparado el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, de 2010 a 2014, con el impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania, de 2020 a 2024. En el primer caso, el pasivo de las comunidades autónomas creció en 109.582 millones de euros, mientras que en el segundo llegó a 29.272 millones. Para el Gobierno, la diferencia, 80.310 millones, refleja el sobreendeudamiento de los territorios «por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central», que sólo creó los fondos extraordinarios (como el FLA) con préstamos a bajo interés ante la dificultad para acceder a los mercados ordinarios. Sin embargo, para el Ejecutivo socialista el segundo periodo tuvo menos incidencia gracias a medidas como el mantenimiento de las entregas a cuenta que se produjo en 2020 pese a la caída de actividad por el covid.

El 75% de esos 80.310 millones se reparte entre las comunidades autónomas en función de su población, tras lo que se realizan unos ajustes para que todas tengan un nivel de condonación similar, lo que beneficia a las más endeudadas. A esto se suma una compensación por infrafinanciación y mayor esfuerzo fiscal, lo que eleva el total a 83.252 millones de euros.

De esa cantidad, corresponden a Extremadura 1.718 millones de euros. Esa cifra representa el 30% de la deuda regional, que según los últimos datos oficiales del Banco de España ascendía al cierre del primer trimestre del año a 5.600 millones de euros. Sin embargo, la previsión del Gobierno extremeño es cerrar el ejercicio con algo más de 5.200 millones, con lo que la condonación supondría realmente el 33% del total.

La medida está destinada tanto a las comunidades con deudas pendientes con el FLA como a aquellas que no recurrieron a estos mecanismos extraordinarios. Extremadura está en el primer grupo. De los 5.600 millones que se deben, más de 4.400 corresponden a estos fondos de financiación. Con la propuesta de Hacienda esa carga se reduciría un 40%.

El Gobierno extremeño de la popular María Guardiola ha mostrado su rechazo a esta norma. En un frente común con Castilla y León, Murcia, Cantabria, Aragón, Andalucía, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, así como con el PP nacional, considera que se trata de una iniciativa políticamente motivada, vinculada a acuerdos bilaterales, especialmente con Cataluña, y que carece de transparencia y de un verdadero proceso de consulta multilateral.

La Junta de Extremadura destaca que en realidad no se trata de un proceso de condonación, sino de asunción de deuda por parte del Gobierno central. Como indica, el pasivo no desaparece, sino que seguirá siendo necesario devolver ese dinero. Con la diferencia de que antes cada comunidad era responsable de su cantidad y ahora todos los españoles deberán asumir lo de todos los territorios. Pero lo cierto es que la Administración regional ya no tendría que devolver esos fondos, una obligación que pasaría a corresponder a la Administración estatal.

El Ejecutivo extremeño también cuestiona los beneficios de la medida, ya que el dinero que no se destine a devolver la deuda no se podrá emplear para otros fines. De hecho, como se ha indicado, la Junta sigue recurriendo al FLA principalmente para devolver créditos concedidos por el FLA (de los 477 millones asignados este año 457 son para afrontar vencimientos). Pero con la condonación se pondrá freno a una rueda que parece no tener fin, lo que aliviará la carga de la deuda regional, algo que puede ser clave para volver a los mercados en buenas condiciones.

La medida del Gobierno supondrá al menos un ahorro en intereses para las comunidades autónomas por el pago de una deuda que ya no tendrán que devolver. Pero esto también tendrá sus limitaciones, como ha reconocido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que por cierto sí habla de condonación. Como ha indicado este órgano independiente, los intereses no se incluyen en el cálculo computable a efectos de la regla de gasto, la norma que limita la capacidad de las comunidades para aumentar su gasto. De esa forma, no se podrá aprovechar esa bajada para obtener un mayor margen para otros fines.

Sin embargo, en la práctica supone un ahorro real en intereses y la posibilidad de contar con ese dinero para otras políticas. Así lo ha afirmado el propio Gobierno extremeño cuando ha defendido sus políticas, como la amortización de deuda que afrontará este año gracias al superávit del pasado ejercicio o la renegociación de préstamos aprovechando los tipos bajos actuales (algo que ya hicieron el Gobierno de Fernández Vara y otras comunidades autónomas). Con ello espera llegar a una rebaja de 252 millones en intereses a lo largo de los años en que se mantendrán vivos esos créditos (caso de los refinanciados) o los que quedaban por pagar (para los cancelados).