Las comisiones de servicio de la Junta aumentan pese a las advertencias en contra

Las comisiones de servicio siguen al alza en la Junta de Extremadura. En los últimos tres años han crecido cerca de un 10%, al pasar de 3.657 a finales de 2015 a 4.013 al cierre del pasado ejercicio. Pero hay disparidad por sectores, ya que mientras que se ha producido un descenso en la Administración general (de 1.680 a 1.524, un 9,3% menos), se han registrado subidas en el ámbito sanitario (de 539 a 823, un 53% más) y en el personal educativo (de 1.438 a 1.666, un 16%).

La ley permite a las Administraciones cubrir un puesto vacante, ya sea definitiva o temporalmente, y en caso de urgente e inaplazable necesidad, por el procedimiento de comisión de servicio de carácter voluntario por parte de funcionario de carrera que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Así lo recoge la Ley de Función Pública de Extremadura, en vigor desde abril de 2016, que establece que esta comisión de servicios tendrá carácter provisional y no podrá durar más de dos años. Además, señala que el puesto de trabajo cubierto temporalmente mediante esta fórmula será incluido en su caso en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.

El Tribunal de Cuentas, en su último informe sobre la comunidad autónoma (correspondiente al año 2016), reseñó «el mantenimiento de un elevado número de puestos ocupados en comisión de servicio», lo que achaca a la demora en la terminación de los procesos selectivos.

De las 4.037 comisiones de servicio vigentes a 31 de diciembre de 2016 (un número que posteriormente se elevó a 4.062), más de 1.200 tenían una duración superior a los dos años, lo que vulnera lo recogido en la Ley de Función Pública.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas apuntó que esta situación ya ha sido mencionada en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores y en una recomendación remitida en 2013 del Defensor del Pueblo a la Consejería de Administración Pública de la Junta. En concreto, pidió que se adoptasen las medidas que permitieran acceder a los puestos de la función pública extremeña en procesos de concurrencia competitiva de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad; así como con la correspondiente publicidad de las convocatorias, evitando las comisiones de servicio.

En sus alegaciones al informe de 2016, la Junta señaló que la citada ley no es de aplicación para el personal docente no universitario ni para el personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud. Además, destacó que las comisiones de servicio son útiles y necesarias para mantener la calidad de los servicios.

Pero añadió que la aplicación de sistemas de provisión de puestos ágiles y efectivos y la recuperación de las tasas de reposición (que permiten la ocupación de plazas que quedan vacantes por jubilaciones, entre otros motivos) están permitiendo reducir estas comisiones con concursos de traslado y oposiciones. En concreto, destacó que a 31 de diciembre de 2017 se mantenían 1.409 en Administración general, casi 370 menos que un año antes. Y adelantó que disminuirán aún más cuando concluyan las ofertas de empleo público en marcha.

Sin embargo, al cierre de 2018 se ha producido un nuevo repunte de las comisiones de servicio. Según los datos publicados por la Junta, el pasado 31 de diciembre había 1.524 en Administración general. Muy por debajo del máximo alcanzado en 2016 y menos que en 2015, pero 115 más que un año antes.

En cualquier caso, se ha producido una notable reducción de las comisiones de servicio con más de dos años de duración. De las más de 1.200 que citó el Tribunal de Cuentas en su informe de 2016 se ha pasado en dos años a 927 entre Administración general y el SES.

Especialmente notable es la rebaja en el primer caso, ya que se ha pasado de las más de 1.000 comisiones de servicio con más de dos años de duración que había al cierre de 2016 a 525 a la conclusión de 2018. Sin embargo, en el SES han ido al alza, ya que se ha pasado de alrededor de 200 a más de 400.

Los compromisos para la estabilización del empleo, la flexibilización de las tasas de reposición y la agilidad con que se tramiten los distintos procesos de provisión de puestos (concursos de traslado y oposiciones) deben contribuir a reducir estas cifras en los próximos años.