La alcaldesa de Guijo de Coria dice ser víctima de un complot para echarla

El caso tiene todos los ingredientes de una temporada televisiva de House of cards, pero en lugar de en la Casa Blanca el escenario es el Ayuntamiento de Guijo de Coria, pueblo cacereño de unos 230 habitantes. Su alcaldesa, Cristina Vicente Paule, se sentó ayer en el banquillo del juzgado de lo Penal de Plasencia para responder por un presunto delito electoral, acusada de haber ofrecido trabajo a dos vecinos a cambio de cuatro votos a favor del PP en las elecciones locales de 2011.

En la vista salieron a relucir grabaciones ocultas, votos por correo manipulados, declaraciones rectificadas a última hora y enemistades personales que la alcaldesa achacó a un complot en su contra organizado por sus rivales políticos con el único objetivo de apartarla de un sillón que lleva ocupando nueve años, primero con el PP, que la tiene suspendida de militancia, y desde junio de 2015 como independiente.

El juicio quedó visto para sentencia tras cuatro horas de sesión. Al terminar, la fiscal mantuvo su petición de 24 días de privación de libertad y cinco años de inhabilitación para cualquier cargo electo, además de una multa de 1.680 euros. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el concejal del PSOE en la anterior legislatura, Iván Álvarez Alonso, solicita dos años y medio de prisión y 12 años de inhabilitación para cargo electo por un delito continuado de fraude electoral.

Prestó declaración en la vista un vecino cuya empresa tenía firmado un contrato de mantenimiento con el Consistorio de Guijo de Coria. Esta persona aseguró que unas semanas antes de las elecciones de mayo de 2011 Vicente se reunió con él y le ofreció mantener la relación contractual a cambio de que él y su mujer votasen al PP. La forma de asegurarse los votos fue, según dijo, que la propia alcaldesa se encargaría de rellenar la solicitud e introducir las papeletas una vez que llegase la documentación.

La otra testigo clave fue una vecina del pueblo de nacionalidad extranjera, que declaró que Cristina Vicente le había dado trabajo como limpiadora de edificios municipales a cambio de que su pareja y la madre de éste votaran al PP (ella no tenía derecho al voto en España).

Grabaciones

Durante las diligencias previas esta mujer había negado que eso fuera así, pero ayer se desdijo durante el juicio y aseguró que si antes no había acusado a la alcaldesa había sido por «miedo», ya que en aquella época no tenía su situación regularizada en España. El procedimiento seguido habría sido también el de los votos por correo manipulados.

La acusación presentó varias grabaciones de audio, una de ellas de la conversación mantenida en un despacho del Ayuntamiento entre la alcaldesa y el hombre al que presuntamente ofreció trabajo a cambio de votos. En ella se escucha a este vecino preguntarle a Cristina Vicente si «sigue en pie el ofrecimiento», y unos minutos después ella le pide que le lleve la documentación del voto por correo para asegurarse de que la votan a ella. Más adelante, le explica cómo funciona este modo de votación y lo que debe hacer.

En su declaración, la alcaldesa dijo que fue este vecino quien, tras mucho insistir, logró reunirse con ella y le ofreció votar al PP a cambio de seguir trabajando para el Ayuntamiento. Reconoció que ella, a petición del hombre, rellenó la solicitud de documentación, pero negó haber introducido las papeletas en los sobres. «Desde el principio noté que había algo raro, que buscaba algo», afirmó. Sobre la limpiadora extranjera, dijo que llevaba meses «suplicando» un trabajo en el Ayuntamiento por su mala situación económica, y que más adelante le reconoció que le habían ofrecido 12.000 euros por testificar que el contrato como limpiadora había sido a cambio de los votos de su pareja y la madre de éste, y que incluso varias personas, entre ellas el denunciante, la habían «amenazado» si no lo hacía.

Cristina Vicente afirmó que todo había sido preparado por sus rivales políticos para tratar de implicarla en un delito y así apartarla del poder. Denunció que viene sufriendo una «persecución»_por parte de estas personas desde que se convirtió en alcaldesa, y achacó todo lo sucedido a una «guerra de poder» en Guijo de Coria. El PP ganó los comicios de 2011 por 131 votos frente a 91 del PSOE (cuatro concejales a uno).

El abogado defensor pidió la absolución. Dijo que había «contradicciones» en las declaraciones de los testigos, y que las grabaciones se habían llevado a cabo de manera «interesada» con la única intención de «provocar un delito buscando un rédito político». Además, arrojó dudas sobre la legitimidad de estas grabaciones, ya que gran parte de las conversaciones fueron borradas.