Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

El ministro indicó en una entrevista en TVE que esta propuesta de sanción es «uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del ministerio« y subrayó que no puede valorarla mientras esté en curso.

En el expediente abierto hace unos meses se informaba de que esta empresa imponía el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda. En la resolución se detallan las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios, mientras se desestiman las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción emitida en marzo.

Entre dichas irregularidades, Consumo destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

Bustinduy explicó este lunes que el expediente se ha hecho público porque «hay partes implicadas en el procedimiento» y recordó que «el proyecto se originó por denuncias de organizaciones de consumidores». La propuesta de sanción del ministerio debe ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y continuará en fase de análisis durante los próximos meses dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes.

Desglosada por conceptos, el Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de un millón de euros a Alquiler Seguro por el cobro al inquilino de servicios que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, «corresponde satisfacer a la parte arrendadora». El denominado Servicio de Atención al Inquilino (SAI) obligaba al arrendatario a pagar «una mensualidad de renta más IVA/IGIC», posteriormente cambiada a «990 euros más IVA/IGIC», por conceptos como gestión documental o estudio de solvencia.

Además, se plantea una segunda sanción de 990.900 euros por exigir a los inquilinos la contratación de un seguro de hogar, una práctica que «beneficia al arrendador respecto de las coberturas relativas a responsabilidad inmobiliaria, continente y contenido», y traslada al arrendatario el pago de una prima por daños que «realmente no ha de responder».