El Badajoz lo lleva todo al límite

El Badajoz está convirtiendo esa insana costumbre de caminar sobre el alambre en un deporte de riesgo y ya lo eleva a todas sus esferas. Exprime su futuro al máximo para llevarlo al límite tanto en lo deportivo como en lo financiero. Si en el césped se lo jugará todo en la última jornada ante un Castuera que busca una salvación a efectos clasificatorios que en el mejor de los casos dependería del Villanovense e incluso de un posible ascenso del mismo Badajoz, en lo institucional se empeña en agotar todos los plazos posibles hasta el punto de rebasar cualquier extremo y jugar con fuego al estirar los tiempos en asuntos judiciales.

En lo que se refiere al cuarto plazo del acuerdo de compra de las acciones del club a Joaquín Parra tanto ha tensado la cuerda que se ha ganado un nuevo tirón de orejas de la Audiencia Provincial de Málaga. El órgano judicial ha vuelto a requerir a Lanuspe –sociedad dueña del club– a que «manifieste si ha procedido al pago de 350.000 euros por cuanto el plazo de 6 meses solicitado en su escrito de fecha 7/10/2024 ha excedido y este Tribunal no tiene constancia de que se haya producido dicho pago», indica en su nueva resolución. Un ultimátum en toda regla después de varias largas y que el grupo Oliver-Iglesias debe acatar en el plazo de tres días de haber recibido la notificación. Desde el Nuevo Vivero reconocen que aún no se ha hecho frente a dicho ingreso en la cuenta del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, pero aseguran que ya lo tienen todo preparado para hacerlo efectivo en las próximas horas.

El club había comunicado hace un mes a la propia Audiencia Provincial de Málaga que haría frente a ese cuarto pago a finales de abril, pero a 7 de mayo todavía no se ha producido. El club blanquinegro ya recibió el pasado 4 de abril otro requerimiento anterior del alto tribunal malagueño en el que le recordaba que se había cumplido la moratoria de 6 meses solicitada. Este pago corresponde al penúltimo plazo de compra y debería haberse hecho efectivo antes del 30 de septiembre de 2024, pero Lanuspe pidió al juzgado malagueño un aplazamiento.

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