Vecinos de pisos sociales del barrio cacereño de la Mejostilla reclaman el arreglo de los bloques

En las 48 viviendas del número 24 solo hay seis dueños, es decir, que el 87% pertenecen a la Junta de Extremadura, además de los locales. Sin embargo, señalan estos vecinos, «la Junta nos dice que somos nosotros los que tenemos que pedir el presupuesto para los arreglos, pero las empresas se niegan a hacerlo sin un informe técnico que debería hacer la Junta, que es la mayor propietaria», insisten. «Ellos tienen los medios, tienen técnicos y tienen que emplearlos aquí, porque los necesitamos». Indican que hay problemas de cimentación, aseguran que «los suelos se están hundiendo» y que las cubiertas están en tal mal estado que calan accesos y viviendas. Los desperfectos llegan hasta el garaje, en donde se han desprendido trozos enteros del lucido.

La Consejería de la Vivienda señala, a consultas de este diario, estar al tanto de la situación y haber mantenido «numerosos contactos con los vecinos», pero aclara que «parte» de las viviendas ya no son propiedad de la Junta de Extremadura. «La adquisición de la vivienda conlleva la asunción del deber de conservación y mantenimiento de la vivienda y parte proporcional de elementos comunes del edificio». Argumenta lo que ya conocen los vecinos, que tiene que ser la junta de propietarios la que apruebe la contratación de un técnico que evalúe la situación del edificio prescriba las actuaciones a realizar y la solicitud de varios presupuestos para llevar a cabo las obras». Indica la administración regional que las contrataciones tiene que hacerlas la comunidad de propietarios, de la que la Junta es «uno más con mayor número de viviendas».

Uno de los propietarios de estas casas, Juan Manuel Rubio, indica por su parte que está de acuerdo con los residentes que viven de alquiler sobre el «abandono» que sufren parte de la Junta de Extremadura, pero señala que algunos inquilinos «no cumplen con sus obligaciones» a la hora de afrontar las cuotas de la comunidad y que tampoco quieren pagar cantidades que permitan llevar a cabo mejoras en este recinto.

Los inquilinos explican sobre el terreno que hay partes que ha arreglado la comunidad y han puesto dinero para diferentes mejoras, como renovar las farolas de los patios.

Los primeros residentes de estos bloques empezaron a ocupar las viviendas en 2007 y pagan de alquiler cantidades que varían. Las personas que ayer contaron su caso a este diario señalan que afrontan rentas de entre 150 y 186 euros mensuales por pisos de algo menos de 80 metros cuadrados. Las cantidades se les van restando del precio total de los pisos en el caso de que quisieran adquirirlos. «Hay gente que ha comprado a la desesperada, pero te cuelan un edificio que está hecho una mierda». Por ahora, aseguran, la venta «está bloqueada».

Estos vecinos han elevado su queja al Defensor del Pueblo, a quien han enviado fotografías del estado del edificio y quien pide que medie en este caso.

Frente al bloque de Ortí Belmonte, en la calle Pedro Ibarra número 8 hay otro edificio similar y del mismo tamaño que tiene los mismos problemas estructurales. En ese bloque hay verjas que evitan el acceso de personas que no son de esa comunidad y que se comentan actos de vandalismo. En el de Ortí Belmonte no hay vallas, lo que, según sus vecinos, crea problemas de seguridad. El aspecto de este vecindario transmite una sensación desasosegante. Hay numerosas pintadas, restos de excrementos, latas. «Se hace botellón por las noches, los sábados y los domingos da asco, a veces hacen fuego, se mean». Temen que estas viviendas sociales terminen pareciéndose a la zona más degradada de Aldea Moret.