El litigio por la propiedad de la Torre de los Pozos de Cáceres se alargará en los tribunales
«La inclusión de los inmuebles en el inventario no significa que sean de titularidad municipal», afirma la letrada de la familia demandante
«Se va a presentar recurso. Iremos a la siguiente instancia». Lo confirma Begoña de Lucas. Es la letrada que defiende ante los tribunales ... la postura de los hermanos Quirós, que se atribuyen la propiedad de la Torre de los Pozos y sobre la que han venido reseñando que tanto la casa como el jardín pertenecen a su familia desde el año 1892.
Publicidad
Hay dos fincas urbanas vinculadas al enclave del Baluarte de los Pozos y que se integran en la Judería. Se alquilaron por los Quirós al Consistorio en un contrato que data de 2003. Tiene una duración de 10 años y finaliza en el actual. Lo que vaya a pasar a partir de aquí es una incógnita, si se tiene en cuenta que el contencioso ya está en los juzgados y, a tenor de lo que traslada la abogada de la familia, allí va a seguir, puesto que se va a una instancia superior. En este caso sería la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ). Ha habido un primer fallo que da la razón al Ayuntamiento. La Torre y el tramo de la muralla almohade donde se encuentra la llamada Plaza de Armas son de dominio público, según la sentencia del pasado mes de junio del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres. No era firme.
La resolución rechazaba el recurso presentado por los hermanos contra la inscripción de los inmuebles en el catálogo de bienes municipales. Begoña de Lucas, la abogada de la familia, incide en que «la inclusión de los inmuebles en el inventario no implica que sean de titularidad municipal en ningún caso». La reflexión la traslada en conversación con HOY a consultas de este diario sobre el recorrido que tendrá el litigio.
«Se recurre la sentencia», corrobora. Recuerda que el actual contrato de alquiler incluye la Plaza de Armas, lo que según ella resulta revelador sobre la propiedad. Ese contrato tiene una cláusula que da prioridad al Consistorio para hacerse con los inmuebles, con derechos de tanteo y retracto ante una posible venta. El importe del alquiler se fijó en 168.000 euros, lo que supone 1.400 euros al mes. Pese a todo, la sentencia del Contencioso-Administrativo tumba los razonamientos de la familia al atribuirse la propiedad y califica como un hecho «irrelevante» que hubiese un alquiler de los citados espacios para su uso turístico.
Publicidad
La familia defiende que esos espacios son suyos desde hace 130 años, pero la primera sentencia fue favorable al Consistorio
La cuestión de fondo, señala el magistrado, es si se trata de bienes de naturaleza demanial. Añadía el juez que los demandantes no aportaron pruebas que certifiquen su posición de propiedad, aunque admite sobre el catastro que ello implicaría un «estudio civil» más allá de las competencias en lo contencioso-administrativo.
Más de un siglo
La visión de la letrada de la familia es que no está dicha la última palabra, lo que supone llevar el caso hasta el TSJ. «Nos pertenece desde hace más de un siglo», reconocía la familia en conversación con este diario el pasado mes de octubre sobre ese espacio.
Publicidad
El Ayuntamiento había decidido en pleno el día 20 de ese mes personarse en la causa abierta. María Jesús Terrón, la madre de los hermanos, defendía que Francisca Quirós Ceresoles compró la casa número 17 de la calle Barrio de San Antonio el 23 de julio de 1892. Era la puerta de acceso al Baluarte y a la Torre de los Pozos. Al fallecer, la heredaron sus hermanos, Mauricio y Gonzalo Quirós Ceresoles. Su versión es que casa y jardín llevan 130 años en poder de los Quirós. Otra de las pruebas que han mencionado como aval de la propiedad alude a que son ellos quienes pagan el IBI. El Ayuntamiento, por contra, ha señalado que la propiedad no va más allá de los «propios inmuebles alquilados». Por ahora, la primera batalla judicial ha sido para el Consistorio.
La muralla es de la ciudad, según los jueces
Las sentencias van por ahora en la misma dirección. Cada vez que hay un litigio relacionado con la muralla, y ya han sido varios en los últimos años, los jueces no ofrecen dudas en sus fallos: la propiedad es pública. Así ocurrió con la Torre de los Púlpitos, así fue con la Torre Redonda y así ha resultado también, al menos en primera instancia, con los Pozos. El Ayuntamiento ha venido saliendo victorioso de esa defensa de su patrimonio con contenciosos que se han alargado en el tiempo y que se remontan a la etapa de Carmen Heras en la Alcaldía cuando se ganó el litigio con la familia Mayoralgo sobre la torre que aúna en apenas unos metros de muralla las tres culturas, la romana, con el Palacio de la antigua Caja Extremadura; la árabe, con Bujaco, y la cristiana. En marzo de 2009 trascendió una sentencia histórica que declaraba la titularidad municipal de los Púlpitos, que se abrió al público. El problema había surgido cuando tras hacerse visitable Bujaco se intentó lo mismo con los Púlpitos pero se opusieron miembros de los Mayoralgo. Asimismo, en febrero pasado la Audiencia Provincial falló también favor del Ayuntamiento en otra disputa, la de la Torre Redonda. La demandante presentó un documento de 1762 en el que se acordaba la ‘gracia y merced’ de la torre y su tramo de la muralla. La Audiencia entendió que ello no equivale a un título de propiedad. El caso ha llegado al Supremo.
Primer mes sólo 1€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión