El juzgado de lo Contencioso decidirá sobre una denuncia por inacción en Alzapiernas

El alcalde, Luis Salaya, anunció hace solo unos días que los fallos de accesibilidad en la calle Alzapiernas se corregirán este año con actuaciones menores, sin levantar la vía y para garantizar el «estricto» cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Sin embargo, las deficiencias tras la obra sufragada con fondos europeos y la falta de acción al respecto de la propia administración han puesto el caso ante los tribunales de Justicia.

Sobre la denuncia presentada por un particular decidirá el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Así lo establece un auto del pasado día 10 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) que, de momento, es la primera resolución en el proceso abierto por Juan Carlos Caso, un cacereño que sufre discapacidad visual, contra el Consistorio y la Junta.

El auto traslada la competencia sobre el asunto al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, que deberá resolver el recurso presentado para abrir un «procedimiento administrativo sancionador». Es decir, no se dirimen responsabilidades penales, sino puramente administrativas.

El TSJ remite las actuaciones al citado Juzgado y emplaza a las partes, denunciante y administración, a que comparezcan «en el plazo de 15 días a contar desde la notificación» del auto. Este cacereño ya llevó este caso por la vía administrativa, con un informe de la Dirección General de Accesibilidad que concluía en 2019 que Alzapiernas incumple la ley, se saltó la normativa de accesibilidad en su ejecución y dichas deficiencias debían corregirse, algo que sigue pendiente, recuerda Caso. Se muestra crítico con la «inacción» del Ayuntamiento, sin partidas en las cuentas de 2020 para esas mejoras de la vía. Hay que recordar que el coste de esa obra rondó el medio millón, con fondos del DUSI.