El juicio de la macroplantación de marihuana en Alcuéscar se celebra sin los nueve albaneses que trabajaban en ella
Cinco extremeños se enfrentan a cinco años de prisión cada uno, acusados de tener el que se consideró el mayor cultivo de droga de Extremadura
‘Centinela Verde’. Así se llamó la operación de la Guardia Civil que el 28 de agosto de 2019 desmanteló la que se consideró la ... mayor plantación de marihuana que se había descubierto en Extremadura. Eran cinco hectáreas de cultivo de droga en el corazón de una finca enorme de Alcuéscar, en un paraje conocido como ‘Las Meganchas’. Había 22.000 plantas de cannabis y 300 kilos de cogollos.
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Cuando unos 30 guardias civiles entraron en la finca con la orden judicial, se encontraron que allí estaban trabajando nueve albaneses. Según se dijo en la rueda de prensa en la que se anunció el resultado de la operación, los albaneses estaban trabajando y viviendo en la finca en unas condiciones infrahumanas.
Se detuvo a cinco extremeños acusados de poner en marcha la macroplantación.
Los nueve albaneses fueron atendidos por la abogada cacereña Ana Iglesias Ávila, que señaló que en la finca habían sido tratados como animales. No salían de la plantación y les tiraban la comida desde una furgoneta cada 15 días. No hablaban español, ni tenían dinero, ni sabían dónde estaban. Tienen entre 30 y 50 años.
Al igual que otros detenidos en la operación, los albaneses fueron puestos en libertad con la condición de que se presentaran periódicamente en un juzgado hasta que fuera el juicio, retirándoles los pasaportes.
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Este martes se celebró el juicio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, pero los albaneses no se presentaron. Están en rebeldía.
Para el ministerio fiscal, ellos estaban en la finca sabiendo a qué se dedicarían. La acusación pública tenía previsto solicitar para cada uno de ellos una multa de 700.000 euros y cuatro años de cárcel, pudiendo sustituir la prisión por la expulsión de España durante 10 años.
Quienes sí estaban en el juicio eran los cinco españoles. El fiscal tenía pensado solicitar para el supuesto cabecilla cinco años y seis meses de cárcel y una multa de un millón y medio de euros; y para cada uno de los otro cuatro acusados, cuatro años de prisión y una multa de un millón de euros.
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Sus abogados recalcaron en la vista oral que no había pruebas fiables contra ellos, asegurando que no sabían que en esa finca se estaba cultivando droga. Los letrados sembraron dudas sobre la geolocalización de los móviles de sus clientes en la finca al señalar que igual una antena repetidora les localizaba allí pero estaban en un coche en la autovía, en el trayecto de Cáceres a Mérida. Uno de los acusados dijo que estaba en la finca porque tenía ganado allí y vendía a los albanos estiércol para sus cultivos.
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