Desalojan la primera de las viviendas municipales ocupadas en Aldea Moret, en Cáceres
Ha sido una actuación judicial de oficio, ya que el Ayuntamiento sigue sin iniciar los procesos penales que anunció hace más de un año
La jornada arrancó este miércoles en el número 1 de la calle Río Vístula, en el barrio de Aldea Moret, con la presencia de la ... Policía Nacional y una comisión judicial. En torno a las diez de la mañana se procedió al desalojo de una vivienda social de propiedad municipal situada en la segunda planta (puerta número 7) que había sido ocupada de manera ilegal.
No había nadie en el interior de la casa porque su okupa, una mujer de unos 30 años y su pareja, ya la habían abandonado, según relata Jorge Martín, administrador de este bloque, que consta de 48 pisos. No fue fácil entrar, detalla, porque sus 'inquilinos' habían dejado un frigorífico detrás de la puerta y los encargados de llevar a cabo el desalojo tuvieron que acceder desde una ventana. Una chapa negra sella en la actualidad el acceso para evitar que los hechos se repitan.
Esta vivienda forma parte de la docena de pisos de titularidad municipal situados en el número 1 de la calle Río Vístula y en el número 8 de la calle Río Tíber que se encuentran ocupados por la fuerza, según los cálculos del administrador, que gestiona estos dos bloques. En el barrio hay más pisos de titularidad municipal sobre los que él no lleva control.
La actuación llevada a cabo esta miércoles, que se realizó de oficio por parte del juzgado, según detalla Martín, arroja algo de luz a una situación que ha venido denunciado de manera reiterada en los últimos años: la ocupación ilegal de viviendas. Tanto es así que en el mes de junio de 2021 mantuvo una reunión con el alcalde, Luis Salaya, y con la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, en la que les trasladó su preocupación.
De este encuentro salió el compromiso municipal de iniciar por la vía judicial el desalojo de los pisos ocupados. Según los datos aportados entonces por el Consistorio, en junio de 2021 había 25 viviendas sociales municipales ocupadas en Aldea Moret, de las que doce estaban en la calle Río Tíber.
«Este desalojo es una buena noticia para que los okupas vean que la cosa va en serio», asegura el administrador de fincas. Según las cifras que maneja, en el bloque de la calle Río Vístula hay nueve viviendas ocupadas por la fuerza, mientras que en el bloque de la calle Río Tíber son tres.
La casa que este miércoles centró la actuación judicial fue ocupada en febrero de 2021. En ese momento, ilustra el administrador, llamó a la Policía alertado por los vecinos del bloque. El proceso judicial, indica, se inició tras esa actuación policial.
El resultado se tradujo en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, que fue difundida el pasado mes de mayo, según la cual se daba un plazo voluntario a la mujer para abandonar la vivienda y fijaba el 1 de junio como fecha para efectuar el desalojo forzoso. Ese desalojo se produjo finalmente este miércoles.
Jorge Martín reprocha que el Ayuntamiento no ha cumplido, hasta ahora, con el compromiso adquirido y mantiene que sigue sin iniciar los procesos penales que anunció hace más de un año. El pasado mes de marzo el Consistorio achacaba a la carga de trabajo de su gabinete jurídico esta demora. Y ahora, preguntado por este diario, dice que estas actuaciones se harían según se fueran produciendo a partir del anuncio, no sobre las ocupaciones ilegales que existieran previamente.
La comisión que adjudicará los pisos se queda sin constituir por discrepancias entre sindicatos
El pasado martes, a las nueve y media de la mañana, estaba convocada la comisión local de adjudicación de viviendas sociales en el Ayuntamiento. La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, era la encargada de presidirla. Pero esta comisión no se llegó a constituir, según informa el Ayuntamiento.
Discrepancias entre los sindicatos convocados han motivado que la constitución haya quedado en el aire. Al encuentro estaban citados Comisiones Obreras, UGT y CSIF, además de otros colectivos, como asociaciones vecinales, y trabajadores sociales.
Al ver que CSIF acudió a la convocatoria, los representantes de UGT y Comisiones Obreras se levantaron de la mesa y se marcharon al considerar que la comisión no estaba bien constituida, tal y como le hicieron saber a María José Pulido. En opinión de estos sindicatos, son ellos los que tienen una mayor representación tanto en Extremadura como a nivel nacional y no tiene cabida la presencia de otras siglas, según el argumento facilitado por Lola Manzano, secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. Esperan que el Ayuntamiento rectifique y que realice una nueva convocatoria.
Desde CSIF, mientras tanto, se muestran perplejos ante lo ocurrido. «No entendemos la postura de los otros sindicatos. Nosotros vamos a ayudar y a sumar», resume Jesús Solana. «Llueve sobre mojado», agrega en referencia a que ya ha pasado algo similar en el Consejo Económico Social. Este sindicato considera que la comisión sí quedó constituida porque hubo quorum suficiente para ello, tal y como detalla Javier Santano, que acudió en representación de CSIF.
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