El Ayuntamiento de Cáceres debe pagar casi un millón de euros a un fondo de inversión especializado en litigios

En un auto del pasado 20 de febrero, el Juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid dio su visto bueno a la venta del derecho de crédito que Busursa tenía frente al Consistorio cacereño. A partir de ahí, pasaba a Claimbnb. Este fondo ya ha obtenido una primera victoria judicial, al haberse admitido a trámite su recurso interpuesto en el Contencioso-Administrativo. El Ayuntamiento no acepta el pago de esos dos millones y por ahora solo asume 881.600 euros.

Para pagar esa cantidad deberá aprobar una modificación de crédito que le obliga a detraer fondos del remanente de tesorería de 2023. Necesita contar con alguno de los partidos de la oposición para que el expediente salga adelante, primero en Comisión de Economía y más tarde en pleno, al estar el PP en minoría.

Cuando se van a cumplir 14 años desde que los autobuses de color rojo de Busursa no circulan ya por las calles de Cáceres, aquel contrato todavía colea. Ahora con la demanda de un fondo de inversión que presume de gestionar más de 150 millones de euros con un modelo de negocio que canaliza con fondos de crédito o inversores en litigios. Entre sus gestiones incluye la adquisición de la reclamación que pueda tener una empresa concursada, de tal forma que este fondo aporta un dinero que permite pagar a sus acreedores a la vez que se queda con la reclamación. Ello hace posible obtener un excedente y a la vez evita que un concurso se mantenga vivo durante años hasta que el caso concluya en vía judicial.

El problema en el caso de Cáceres es que las cifras no coinciden, por lo que el Ayuntamiento se niega a pagar esos 2,2 millones que le pide Claimbnb. El asunto pasó por la Junta de Gobierno local el pasado seis de septiembre. Allí se conoció el decreto del Juzgado Contencioso-Administrativbo de Cáceres que, con fecha de 30 de agosto, «admite a trámite el recurso interpuesto en el procedimiento (...) por Claimbnb SPV I SL contra la resolución del alcalde de Cáceres de 17 de julio de 2024» que reconocía el pago de 881.000 solo. Se alude a la cláusula tercera del convenio entre el Ayuntamiento y Busursa.

El interventor municipal ha elaborado un informe en el que afirma que en el Consistorio no se ha recibido ninguna comunicación de los juzgados madrileños sobre la autorización de la venta del derecho de crédito que ostentaba Busursa al fondo de inversión. «Este hecho es determinante en la indefensión que ha producido al Ayuntamiento de Cáceres», que es parte del procedimiento y «no ha podido realizar alegaciones en defensa de sus derechos, al no estar de acuerdo con los liquidadores concursales en la cuantía de la deuda con Busursa», reseña.

De hecho, el Consistorio remarca que según la documentación contable que figura en sus archivos «el importe principal de la deuda que este ayuntamiento reconoce es de 881.600 euros». La Intervención municipal cree que se deben descontar 1,2 millones ya pagados en 2012 así como otras cantidades que se abonaron bien por compensación o transferencia.

El asunto se verá este martes en la Comisión de Economía y posteriormente deberá aprobarse en pleno la correspondiente modificación de crédito. El dinero para pagar al fondo de inversión saldrá del remanente del último presupuesto, aunque falta por dirimir si la cifra final superará los dos millones, como insiste el fondo. La decisión definitiva llegará de los tribunales.