A juicio por cuarta vez las injurias al Ayuntamiento de Badajoz en redes sociales

Según la Fiscalía, a través de ese grupo emprendieron una campaña para «conseguir que prosperara una moción de censura contra el entonces alcalde de Badajoz» con el objetivo de que «el partido que accediera al poder –sin importarles el signo político del mismo– los colocara en puestos municipales» de los que pudieran beneficiarse económicamente.

El juzgado de lo Penal Número 2 fija el juicio por cuarta vez. La primera vez lo señaló para septiembre de 2023, pero se aplazó a enero por incompatibilidad en las agendas de algunos letrados. En enero, dos de los procesados (Antonio García-Borruel y Pedro L.) no acudieron al juzgado, por lo que se pasó al 6 de febrero. Pero ese último día, la huelga de letrados judiciales canceló la vista.

Las citaciones han llegado de nuevo a la veintena de afectados que se ratificaron en su día. Han recibido un sms y posteriormente una carta entre finales de julio y principios de agosto para que asistan a la vista que comenzará a mediados de septiembre. Hay citaciones para los días 19 jueves, y los días 23 y 24 de septiembre.

La acusación está formada por el propio Ayuntamiento (en defensa de los trabajadores y políticos), una funcionaria, el exalcalde Francisco Fragoso y la concesionaria de autobuses Tubasa.

En las cédulas de citación aparece el delito de violación de secretos por particular. Como ha venido informando HOY desde que se fijó el primer juicio, se les acusa de formar parte de una «organización criminal» que cometió media docena de delitos para los que se solicitan penas que, en uno de los casos, supera los 13 años de prisión.

La Fiscalía cree que desde el verano de 2016 Antonio García-Borruel, José Antonio Hinchado, Roberto Aguado y Belén Álvarez Larios se pusieron de acuerdo para crear un grupo que se dedicó a difundir graves acusaciones, a pesar de saber que no eran ciertas, para hacer prosperar una moción de censura contra el entonces alcalde. En ese momento Fragoso tenía el apoyo de Cs pero si este partido le hubiese retirado su confianza podría haber colocado en la alcaldía al socialista Ricardo Cabezas. Los otros cuatro acusados son Alberto Castaño, Joaquina Boceta, Juan José Onivenis y Pedro L.

Considera la Fiscalía que «publicaban noticias irreales e insultos, o atribuían casos de corrupción a personas cercanas a los funcionarios municipales o que se encontraban dentro de la esfera del Partido Popular», «excediendo sobremanera a la libertad de expresión y el derecho de información, al faltar a la veracidad de lo que publicaban, con la finalidad última de generar un rechazo global a cualquier posición cercana a los elegidos democráticamente como gestores del Ayuntamiento».

Los responsables de estos hechos se coordinaban a través de grupos cerrados de whatsapp, según la Fiscalía.

La defensa del exalcalde Francisco Fragoso ya explicó en enero que solicitará ser indemnizado económicamente. Su abogado, Emilio Cortés, intentará acreditar que los comentarios realizados en Internet fueron el detonante de la parálisis facial que sufrió el regidor. Cortés no precisó cuál es la cantidad que solicita Fragoso, pero sí incidió en que «lo importante es que se reconozca que era una organización criminal que buscaba minar a la corporación de una forma ilegal y antijurídica». El abogado apuntó que el juzgado dilucidará sobre una campaña de noticias falsas en la que también se cometió un delito de odio y se usó documentación falsa.

La Fiscalía pide que se indemnice a treinta afectados y al propio Ayuntamiento, así como a un empresario local.

Las defensas, en cambio, han mantenido este tiempo la inocencia de sus representados y han insistido en que no tiene sentido considerar delito la crítica política que se realizó desde las redes sociales.

Otras fuentes indican que desde el juzgado se ha animado a las partes a llegar a un acuerdo y se han producido negociaciones.