La Fiscalía de Badajoz pide prisión para los tres acusados de certificar obras no hechas en dos centros educativos

Tal vez la explicación más relevante la diera el técnico de la Junta de Extremadura que se dedica a supervisar los proyectos que el Gobierno regional financia con los fondos Feder. En su opinión, la administración regional no ha perdido dinero por las certificaciones falseadas porque los fondos que ha dejado de recibir para las dos obras investigadas podrán destinarse a reformar otros centros educativos.

Su afirmación fue clara, pero no convenció al representante del Ministerio Fiscal, quien afirma que aunque no se produjera una pérdida directa de fondos habrá un daño económico indirecto por cuanto existe la posibilidad de que la Unión Europea desconfíe de la correcta ejecución de los fondos Feder y niegue proyectos futuros a la Junta de Extremadura.

Con este argumento y con la certeza de que los tres encausados cometieron un delito de falsedad en documento público, la Fiscalía plantea ahora la posibilidad de que esos hechos no hubiesen sido cometidos por una simple imprudencia sino que se hicieran a conciencia, en cuyo caso existiría dolo y también pena de prisión.

El cambio es sustancial puesto que de los 2.700 euros de multa que en un primer momento pedía la Fiscalía para cada uno de los tres procesados, pasa a proponer ahora como alternativa que el funcionario de Educación sea condenado a tres años de cárcel y que los otros dos acusados (el constructor y el arquitecto contratado por la Junta para dirigir la obra del instituto Zurbarán) sean castigados a dos años de cárcel.

Con esta modificación la Fiscalía supera la acusación realizada por el letrado de la Junta de Extremadura, Francisco Caldera, quien mantiene la petición de tres años de prisión para el funcionario y solicita dos años de cárcel para el director facultativo de la obra del instituto Zurbarán. En cuanto al constructor, lo considera responsable a título lucrativo, por lo que no pide para él una pena de prisión pero sí que compense económicamente las posibles pérdidas sufridas por la Junta de Extremadura.

Esa cuestión, la de las pérdidas, también se analizó en la vista de este miércoles con la ayuda de Miguel Ángel Antón, el perito contratado por el juzgado para determinar el valor de la obra realizada por Estudio 13, la empresa que contrató la Junta de Extremadura para reformar el colegio Guadiana y el instituto Zurbarán.

Este arquitecto confirmó que en ambas obras había partidas que no se habían ejecutado y también actuaciones que se habían realizado a pesar de no estar en el proyecto de obra. «Pero el resultado global es que hay más de 2.000 euros de obra hecha por encima de los certificado».

Si se da por válida esa conclusión, los trabajos desarrollados por Estudio 13 superaron en valor a lo contratado por la Junta de Extremadura. En el colegio Guadiana, por ejemplo, se construyó un porche en un patio de recreo a pesar de no estar previsto. «En el colegio se hicieron obras unos 17.300 euros por encima de lo certificado, mientras que en el instituto se quedaron unos 14.500 euros por debajo».

Ese informe fue utilizado por las defensas para sostener que aunque lo que se certificó no se corresponde con la obra hecha, el delito no existió porque el resultado de esa conducta fue «inocuo» para la Junta de Extremadura y no le generó perjuicio alguno.