El Ayuntamiento de Badajoz busca auditoría para supervisar los déficits del bus de 2023 y 2024

El Ayuntamiento de Badajoz busca auditoría que supervise los déficits que cada año tiene la empresa concesionaria del autobús en la ciudad, Tubasa, para los ejercicios de 2023 y 2024. El contrato se sacó a concurso el día 1 de este mes y el plazo de presentación de ofertas se cerró el 4. Por su importe de 6.000 euros, se le considera contrato menor.

La concesionaria da todos los años pérdidas porque el precio del billete que paga cada usuario no cubre los costes que conlleva tener autobuses rodando por la ciudad. Para que la empresa no quiebre, el Ayuntamiento le paga cada año el déficit, algo a lo que está comprometida por contrato.

El Ayuntamiento ha abonado el déficit sin discusiones, bajo la supervisión de los técnicos municipales, hasta 2018 incluido. Pero la paulatina sustitución de la flota de vehículos de gasoil a otros eléctricos, que son mucho más caros, y la última ampliación del contrato hasta el límite máximo legal en 2037 para comprar nuevos buses eléctricos tensó el ambiente entre la concesionaria y los funcionarios que supervisan los datos. En 2008 la ciudad pagó 4,4 millones, pero en 2020 disparó las pérdidas a 6,4 millones de euros. Aquel año de 2020 fue el primero en el que recurrió a la auditoría y en 2024 el Ayuntamiento decidió que compraría directamente los buses y después los cedería a la concesionaria para poder acogerse a fondos europeos y ahorrarse el 11% del beneficio industrial de la empresa.

El Consistorio fue pagando las facturas hasta noviembre de 2021. Pero ese año hubo disconformidad por parte de la empresa, dado que no le abonaban todo el dinero que pedía por años anteriores y acudió a los juzgados. Finalmente el Ayuntamiento tuvo que pagar, pero menos de lo que la concesionaria reclamaba. En los momentos más complicados, llegaron a tener tres pleitos distintos. A raíz de las primeras desavenencias, el Ayuntamiento comenzó a contratar auditorías externas, que ahora recupera con un nuevo contrato.

Para 2022 se aprobó un desequilibrio de 7,7 millones de euros y ahora se van a auditar las cuentas de 2023 y 2024. Aunque esos años también se han pagado, aunque quizás no todo, sí en parte. El 1 de julio pasado, la junta de Gobierno aprobó abonarle una factura por 7 millones de euros por el año 2025, aunque la cifra total no se conocerá hasta que termine el año. En el pleno de agosto, se aprobaron otros 620.708 euros para paliar el déficit de 2024. Es decir, que se le siguen abonando las reclamaciones.

Ahora los bonos son más baratos, en algunos casos incluso gratuitos, porque el equipo de Gobierno se ha acogió a una subvención estatal. Pero, cuando están en su precio, apenas cubren la mitad del coste. Los importes están congelados desde 2014.

Las ciudades están obligadas a prestar este servicio. El Gobierno subvenciona una pequeña parte que no llegar a cubrir el coste. Valga como ejemplo 2020, cuando el déficit subió a seis millones y la subvención estatal se quedó en 500.000 euros.

El transporte es caro porque Badajoz cuenta, además, con un término municipal muy extenso. En los últimos años se ha implantado una línea que une Cerro Gordo con El Faro, más los viajes a poblados y urbanizaciones. Además, en 2022 se aprobó un incremento salarial a los conductores. Todo esto hace que el coste del servicio no haga más que crecer sin que suba el precio del billete.

El contrato data de 1987. En época del socialista Manolo Rojas la ciudad adjudicó la concesión a esta empresa del Grupo Ruiz. Con el PP en el Consistorio ese contrato se ha ampliado en dos ocasiones y alcanza el límite de los 50 años. La ciudad está atada a Tubasa hasta 2037.