El cava extremeño podrá crecer

Los viticultores extremeños del cava están de enhorabuena una vez conocida la sentencia no recurrible del Tribunal Supremo, favorable a la Junta de Extremadura en el conflicto del cava. A partir de ahora el Ministerio de Agricultura no se verá obligado a aceptar las propuestas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava. Hay que recordar que el cava de otras regiones pertenece también a esta denominación, pero el dominio casi total de las marcas catalanas en el seno de la organización impedían de forma sistemática ampliar la superficie de viñedo, a pesar del crecimiento de algunos mercados, como el extremeño.

Por supuesto, este logro no quiere decir que ahora se acepten las propuestas de esta región, pero al menos se podrán poner sobre la mesa y ser negociadas con el ministerio. Hay que recordar que el mercado del cava extremeño es todavía muy pequeño pero está en continuo crecimiento. Extremadura dispone en la actualidad de 1.706 hectáreas amparadas en la Denominación de Origen Cava, de las que 1.476 están en producción. El sector estima que se pueden incrementar las plantaciones a un ritmo de 200 hectáreas por año, sin que ello impacte en el equilibrio global del mercado. Sin embargo, sí podría afectar al mercado del cava catalán, no por el valor actual de la producción en otras regiones ni por el arraigo de sus marcas, ya que en Cataluña se localiza la inmensa mayoría de la producción, sino por las tensiones políticas que existen en Cataluña y la radicalización de muchas posiciones. Esta situación podría catalizar un cambio en no pocos consumidores españoles que opten por el cava producido en otras zonas, como el extremeño, el riojano, el aragonés, el valenciano, etc. Y es probablemente esta amenaza la que preocupa más a los bodegueros catalanes.

Por otro lado y cambiando de sector, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un real decreto por el que se mejora la información que actualmente suministran los primeros compradores de leche. Es importante destacar que, aunque no se trate de información que vaya a llegar al consumidor, sí defiende sus derechos al proporcionar mayor transparencia y mejorar la seguridad alimentaria. Esta norma emana del conocido como Reglamento Europeo de Transparencia aprobado en 2019, que impone nuevas obligaciones tanto a los operadores agroalimentarios como a los estados miembros. Este real decreto será de aplicación a la leche de vaca desde el próximo mes de febrero, y se hará extensiva a la de oveja y cabra a partir de febrero de 2022.

Por ejemplo, será obligatorio comunicar los datos correspondientes a las producciones con indicativo de calidad diferenciada, como las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas o las producciones ecológicas. Para la leche cruda de vaca, habrá que mejorar la información sobre materia grasa y proteína, como parámetros clave para la fijación de la calidad y precio de la misma.

Por tanto, que no se asusten los consumidores, que las etiquetas no se van a recargar de nueva y microscópica información. Se trata de que los primeros compradores la incorporen al Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo (Infolac), por cierto, un sistema que deja de ser gestionado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), pasando a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Sin duda es un paso positivo, pero es necesario seguir ganando trasparencia no solo entre el productor y el primer comprador, sino también entre el resto de una cadena compleja.

En este sentido juega un papel clave la Ley de la Cadena, recientemente debatida en el Congreso y que sitúa a España en una posición muy avanzada. Ahora es necesario que la Unión Europea consensue una norma a nivel global que homogenice todos los sistemas nacionales. Se trata de una Ley que afecta de forma directa al sector lácteo, que no hay que olvidar lleva ya muchos años aplicando contratos homologados en el marco del llamado Paquete Lácteo y de la propia Ley de la Cadena. Esto ha permitido mantener una cierta estabilidad en los últimos años, a pesar de las tensiones entre producción e industria.