Parques energéticos versus agricultura

Pero el problema no lo es solo para los arrendadores que se quedan sin trabajo o, en el mejor de los casos, ven minorados sus ingresos al acceder a peores tierras o más caras; sino también para el sector en su conjunto, que pierde activos. Al final es una decisión personal y poco se puede decir a los propietarios que aceptan interesantes ofertas de las empresas energéticas, ya que, como cualquiera, hacen sus números y deciden.

Parte del sector agrario se ha quejado de la falta de rigor de las administraciones a la hora de aprobar estos grandes proyectos. La realidad es que hay una normativa medioambiental para las inversiones en suelo rústico que se está aplicando, por lo que, mientras no se demuestre lo contrario, no se puede dudar de la legalidad de las mismas. Lo que sí sucede es que los plazos en la práctica suelen ser más cortos de lo habitual, pero no por el incumplimiento de la norma, sino por la muy limitada presentación de alegaciones por parte de las organizaciones medioambientales, que tradicionalmente frenan e incluso paralizan definitivamente las grandes inversiones en suelo rústico. Suelen ser reclamaciones con argumentos a menudo peregrinos, y con frecuencia basados en supuestos conflictos con muy pequeñas poblaciones de plantas o animales, que a veces ya ni viven en ese territorio, o ni siquiera son localizables. Son solo un ejemplo de la intensidad con la que estos grupos frenan las nuevas infraestructuras en suelo rústico, y que no activan en estos grandes proyectos energéticos.

Pero tampoco se les puede echar en cara. Hay que recordar que el plan de descarbonización de España recoge un escenario de neutralidad climática en el que se incrementa la participación de las renovables hasta en un 97%, en sustitución de los combustibles fósiles. Por otro lado el Pacto Verde y la propia Estrategia del Campo a la Mesa favorecen la reducción de gases de efecto invernadero, la reconversión energética y la disminución de la productividad agraria. Estas circunstancias explican la inacción de los grupos ecologistas y, por tanto, la simplificación de facto de las procesos de autorización pública de estas inversiones.

En este contexto, tampoco podemos olvidar que estos grandes proyectos energéticos suponen una importante inyección de recursos para los ayuntamientos, lo que también facilita el apoyo de los mismos.

Sin duda lo ideal sería que estas nuevas y necesarias instalaciones se localicen en superficie no agraria o en tierras de baja productividad. La única manera de conseguir o al menos favorecer este objetivo es una adecuada planificación pública y una reajustada ordenación de territorio. Estas herramientas públicas, adecuadamente reguladas, permitiría, no solo incentivar las inversiones en aquellos espacios de interés prioritario, sino incluso llegar a prohibirlos en determinadas zonas más sensibles. Sin embargo, se trataría de un modelo que, aplicado con demasiado rigor, sería intervencionista y podría limitar la expansión de estas energías, lo que generaría una fuerte oposición, en este caso y paradójicamente, tanto de las grandes empresas energéticas como de los propios grupos ecologistas.