El peso de las normas comunitarias va a transformar el sector agro
Así lo indica el informe 'Prospectiva estratégica para afrontar los retos del sector agroalimentario andaluz y extremeño', elaborado por Etsiam para Cesur
R. H.
Badajoz
Jueves, 18 de enero 2024, 11:45
Ayer se presentó el informe «Prospectiva estratégica para el sector agroalimentario andaluz y extremeño», un estudio realizado para la Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, en Granada. El estudio ha sido promovido por la Comisión de Agroindustria de Cesur, y realizado por Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Monte, Etsiam, de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la comisión.
En lo que respecta a Extremadura, entre los principales datos cabe destacar la producción de la rama agraria en la región en 2020 fue de 2.575 millones de euros y la contribución extremeña a la producción de la rama agraria española es el 4,97%.
En cuanto a la producción agraria de Extremadura, las producciones más contribuidoras son las hortalizas, plantas y flores (472,52 millones de euros, el 18,35%), y el ganado porcino (442,35 millones de euros, 17,17%), seguidos del ganado bovino (315,94 millones de euros, 14,33%) y las frutas (304,57 millones de euros, 13,37%).
Asimismo, la producción de ganado bovino es una de las producciones en las que la región tiene un papel más destacado, con el 12,2% del valor de la producción, mientras que Andalucía, por ejemplo, contribuye con el 7,3%. Extremadura es la región líder en la producción de ovino y caprino, 18,6%.
El Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agroalimentario de Extremadura alcanza los 2.840 millones de euros y supone el 16,3% del VAB total de la región y el 2,9% del VAB agroalimentario español. La contribución de la agricultura al VAB agroalimentario representa el 56,2%, la industria agroalimentaria aporta el 19,8% y la comercialización el 24,1%.
Por último, el sector agroalimentario emplea en Extremadura a 71.414 personas, el 18,6% del total de trabajadores y el 3,2% del sector agroalimentario español. Dentro del sector agroalimentario se reparten en 39.000 trabajadores en el sector primario (54%), 10.000 en la industria agroalimentaria (14,1%) y 23.000 en el sector comercializador (31,8%).
Conclusiones
Tanto en Extremadura como en Andalucía, el sector agroalimentario es una de sus principales fuentes de generación de riqueza y empleo. Ante la importancia de este para la economía de las regiones del sur, presentaron aquellas medidas comunitarias que están afectando y van a afectar dramáticamente al sector agroalimentario andaluz
La implantación de las medidas de la Estrategia de la Granja a la Mesa supondría, según diversos estudios, reducciones de la producción entre un 10 y un 16%, una disminución de los ingresos y la renta de los agricultores entre un 16 y un 25%, la pérdida de competitividad de las explotaciones respecto a países terceros y el deterioro de la balanza comercial.
El Reglamento de Uso sostenible de los productos fitosanitarios para reducir el uso de plaguicidas en un 50% puede suponer reducciones de la producción de hasta un 25% al no disponer de herramientas que puedan sustituirlos con la misma eficacia. El plan sobre la gestión integrada de nutrientes para regular el uso de los fertilizantes incluye una serie de obligaciones de asesoramiento y el uso de una herramienta digital que suponen nuevos costes administrativos y de gestión, además de implicar nuevas reducciones de rendimientos.
El incremento de la superficie dedicada a la producción ecológica disminuirá la producción agraria de la UE y comprometerá la rentabilidad de los productores ecológicos si el incremento de la oferta no es consecuencia de la tracción de la demanda, hay previsto un 25% de suelo dedicado a producción ecológica y la demanda es del 8%.
En cuanto al bienestar animal, la iniciativa sobre el fin de las jaulas puede requerir inversiones en nuevas instalaciones a nivel de la UE entre los 2.100 y los 3.500 millones de euros en el caso de la producción porcina, y en la producción avícola unos 3.200 millones de euros, como mínimo, costes que difícilmente se recuperarán completamente.
Y, entre otras medidas más o quizá la falta de ella: se necesita una política de gestión del agua realista y acorde con la nueva realidad. En el contexto de políticas europeas es especialmente necesario el reconocimiento del déficit hídrico estructural en el sur de España y la necesidad de acometer un plan que solvente esta situación, y reduzca la exposición al cambio climático que está llevando al campo a pérdidas millonarias.