El recorte salarial afectará también a los empleados de empresas públicas

Bajo los soportales de la plaza de España en Mérida echan cuentas. En la sede del Grupo Público Empresarial de Extremadura (GPEX) han recibido unas tijeras sin estrenar con las que tienen que podar el presupuesto en sueldos, en un porcentaje equivalente al que van a sufrir funcionarios y laborales de la Junta, el cinco por ciento.

Son 1.400 los empleados que dependen del sector público empresarial, pero tienen el régimen de empresa privada, contratados laborales sujetos al Estatuto de los Trabajadores como el resto de los mortales.

En cualquier caso tendrán que arrimar el hombro en la misma medida. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, anunció ayer en la Asamblea de Extremadura que además de aplicar el decreto ley estatal para funcionarios y laborales, en lo que no afecte esa legislación el Ejecutivo regional «irá más allá».

Que la reducción no sólo afecte a funcionarios, estatutarios y laborales sino que afecte «al resto de personas que están al servicio de la Administración pública en todas y cada una de las figuras posibles».

«Llámense», siguió el presidente, «altos cargos, personal de confianza, puestos eventuales, etcétera, etcétera, por eso convoqué a la ejecutiva de mi partido al día siguiente para que se tomara esa decisión. Que es una decisión que está tomada y comunicada».

Pero a los empleados de las empresas públicas no se les puede bajar el sueldo así como así; algunos tienen convenios, otros no, pero en todo caso derechos adquiridos. La idea es que bajo diversas fórmulas la masa salarial del grupo público baje un cinco por ciento, respetando el Estatuto de los Trabajadores y los derechos de los mismos.

«Aplauso» a Zapatero

José Antonio Monago, presidente regional del PP, reprochó ayer a Vara no haber puesto en cuestión ni una coma de los «recortes sociales» aprobados para funcionarios y pensionistas por el Gobierno Zapatero.

«No aplauda todo de un presidente caído en el descrédito». Monago califica a Vara de fan número uno de Zapatero y de practicar con él «disciplina castrense».

El presidente de la Junta apoya las decisiones tomadas en Madrid por necesarias, y acusa a su vez a Monago de jugar al corto plazo electoral de 2011.

El líder de la oposición preguntó también a Vara por la anunciada subida de impuestos autonómicos. La Junta maneja tocar al alza el de transmisiones patrimoniales en compraventas de viviendas de segunda mano que superen los 300.000 euros de valor.

El presidente de la Junta no aclaró ayer mucho más, y se remite al debate sobre el estado de la región que se celebre en la Asamblea los próximos 9 y 10 de junio. Sí dijo sin embargo que esta reforma fiscal comportará aumentos de algunos tributos pero descensos en otros.

La reforma está «bastante estudiada y bastante decidida». Es necesario reducir gastos y a la vez elevar ingresos, «no basta sólo con lo primero».

La ausencia de mayor información Monago se la toma como que Vara está esperando a que Madrid le diga lo que tiene que hacer. Espera que el presidente de la Junta piense muy bien sobre quién va a aumentar la presión fiscal no sea que cargue sobre los más débiles.

La Asamblea aprobó por otro lado una declaración por el XXVII aniversario de su constitución.

Asimismo aceptó, con los votos a favor del Grupo Socialista y en contra del Grupo Popular, un acuerdo que insta a la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) a que no plantee ningún reajuste de personal en la empresa tabaquera Cetarsa sin el consenso de sus trabajadores, y a buscar una alternativa industrial para la ciudad de Coria.