La memoria y la claridad de la Ley

Existe el riesgo evidente de que en Extremadura la Ley deMemoria Histórica se aplique de modo desigual

Resulta esclarecedora la entrevista que publica hoy este diario a Manuel Candalija, portavoz del comité de expertos de la Diputación de Badajoz que ha elaborado un catálogo de vestigios franquistas provincial. Lo es porque en ella se hace evidente que ese comité es el que se ha encargado no tanto de aplicar la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, sino de interpretarla y casi que reglamentarla por la vía de los hechos. Es ese comité quien toma las decisiones sobre cómo se hace el catálogo, quién lo hace, con qué criterios generales y excepciones. Es elocuente, en ese sentido, que considere que el nombre de una calle es un hecho de exaltación y, sin embargo, un retrato expuesto en una galería de presidentes de la institución provincial no lo es. La Diputación de Badajoz ha adoptado una postura firme y legítima respecto de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que le faculta, en el ejercicio de sus competencias, para condicionar ayudas o subvenciones en función de su aplicación. Sin embargo, uno de los primeros requisitos que debe cumplir toda norma es el de la claridad y en este caso, más teniendo en cuenta que la Junta tramita ya un marco legal autonómico que también contempla la creación de un comité de expertos y de un catálogo de vestigios, queda demasiado margen a la duda. Si la Junta elaborara en el futuro un catálogo con vestigios distintos porque su comité de expertos aplicara criterios distintos, ¿a cuál debería atenerse un ayuntamiento? ¿Podría suceder que la Diputación de Cáceres aplicara con un comité distinto un tercer catálogo con nuevos criterios, y ello hasta el punto de que sobre un mismo hecho –una calle dedicada a un alcalde nombrado en la dictadura– hubiese por tanto tres modos distintos de abordarlo en Extremadura? Es más, nada impide que un ayuntamiento como el de Badajoz, igual que ha sucedido en Madrid, haga su propio catálogo... Y con su propio comité. A la vista de lo cual, parece recomendable que la Junta o el propio Gobierno ordenen el asunto. No olvidemos que entran en juego cuestiones que tienen un efecto directo en la vida de la gente, como es la percepción de subvenciones y ayudas públicas por parte de los municipios. Todo con el propósito de que la ley se aplique, por supuesto, pero de manera clara y, sobre todo, igual en todos los casos.

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