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Miércoles, 28 de marzo 2018, 12:56
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El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 aprobado a principios de mes cuenta con «importantes dificultades» para su aplicación en la región.
Tras indicar que el citado plan estatal parece estar diseñado para «no poderse cumplir», ha advertido también de que el mismo «no da respuesta» a la política necesaria de vivienda en la región extremeña.
Además, Vergeles ha considerado que el plan en cuestión llega «excesivamente tarde» para su primer año de ejercicio, que será a su juicio «perdido» en cuanto a su repercusión para Extremadura.
De este modo ha valorado el consejero el Plan Estatal de Vivienda, en una rueda de prensa este miércoles en Mérida junto a la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la región, María Isabel Moreno Duque.
Las prioridades del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 que aprobó el Gobierno a principios de marzo pasan por «favorecer el mercado del alquiler y la rehabilitación rural de inmuebles». Además, se concentrará en las «familias y personas más vulnerables», como los jóvenes con bajos ingresos, mayores con necesidades especiales y hogares que hayan sufrido procesos de ejecución hipotecaria. Está prevista una inversión de 1.440 millones de euros –350 millones para este primer año–, que se financiarán entre el Estado y las comunidades: de cada 100 euros de la Administración central, la región aportará 10 por los primeros 70 estatales, y 20 por los otros 30 aportados por el Estado. Estas serán las actuaciones, los destinatarios y los requisitos de los solicitantes.
Fomento ha rescatado la antigua renta de emancipación para los jóvenes con la que se ofrecerá una ayuda al alquiler para menores de 35 años, que se extiende también a mayores de 65. Esta vez no será un importe fijo –la ideada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero eran 210 euros al mes–, sino una cuantía que irá en función del alquiler. Se subvencionará el 50% del importe mensual del arrendamiento para jóvenes y mayores–un 40% para el resto de la población–, hasta un recibo máximo de 600 euros. Si el alquiler supera esa cifra en «casos justificados», como ocurre en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, cuyos precios son muy elevados, se subvencionarán hasta 900 euros.
Las familias vulnerables que hayan sufrido un proceso de ejecución por impago de un alquiler o de la hipoteca podrán acceder a una ayuda para sufragar el 100% del arrendamiento de la vivienda habitual en la que se encuentren residiendo tras el desahucio, con un límite máximo de 400 euros mensuales. La renta de ese hogar no puede superar los 1.611 euros al mes, o 2.148 euros para familias numerosas y personas con discapacidad.
A los menores de 35 años que vivan en municipios con una población inferior a 5.000 vecinos y que adquieran una vivienda se les ofrece una ayuda del 20% sobre el precio de compra del inmueble, siempre que éste no supere los 100.000 euros. La cuantía máxima de la subvención será de 10.800 euros. El inmueble debe ser el domicilio habitual del titular durante cinco años y los ingresos mensuales no pueden superar los 1.611 euros mensuales.
El plan contempla ayudas a la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precio tasado durante 25 años. Puede tratarse de promociones de titularidad pública, como hasta ahora, pero también de privadas, cuyo precio debe ser de hasta 5,5 euros por metro cuadrado. Además, se habilita un nuevo programa de promoción o rehabilitación de viviendas con servicios e instalaciones comunes adaptados para mayores o personas con discapacidad, que se destinarán al alquiler durante un plazo mínimo de 40 años.
Se concederán ayudas del 40% a la inversión destinada a la rehabilitación de viviendas unifamiliares o edificios –hasta 12.000 y 8.000 euros, respectivamente–. Si los perceptores son menores de 35 años y residen poblaciones con menos de 5.000 habitantes, la subvención se incrementará en un 25%.
El plan ha entrado en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero, aunque habrá que solicitar las ayudas en cada comunidad autónoma cuando ésta haya suscrito el convenio con el Ministerio de Fomento, previsiblemente antes del verano.
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