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El PSOE saca adelante los Presupuestos de la Diputación con el rechazo del PP

Bomberos que piden ser indefinidos asisten al pleno con la boca tapada, en señal de protesta.
Bomberos que piden ser indefinidos asisten al pleno con la boca tapada, en señal de protesta. / J. V. ARNELAS
  • Los populares ven equivocado aprobar las cuentas sin conocer la aportación del Estado y la Junta, pero los socialistas defienden que «hay que ponerse a trabajar ya»

badajoz. La Diputación de Badajoz ya tiene Presupuestos para el próximo año. Ascenderán a 182 millones de euros y suben casi un 10% si se compara con las cuentas de este año. Para el PSOE, son las mejores cuentas posibles en la coyuntura económica actual. Al PP no le «disgustan mucho», pero a la hora de votar se hicieron patentes las discrepancias: mientras el PSOE, con mayoría absoluta en la Diputación, votó en bloque a favor, el PP las rechazó de plano. ¿Conclusión? Las cuentas salen adelante.

A grandes rasgos, eso es lo que sucedió ayer en el pleno. Pero sus dos horas de desarrollo permitieron escuchar las diferencias que mantienen socialistas y populares. Los primeros defendieron que las cuentas de 2017 son unos «presupuestos socialistas» fundamentados en la igualdad, la transparencia y la eficacia. El PP, a la contra, puso la lupa en varios detalles para soportar sus afiladas críticas.

El encargado de arremeter contra Miguel Ángel Gallardo, en su condición de presidente, y contra el resto de diputados socialistas fue Juan Antonio Barrios, que desde la bancada popular consideró ilógico aprobar unas cuentas que se nutren fundamentalmente de las transferencias que realizarán el Estado y la Junta de Extremadura. «El 82% del dinero deben aportarlo ellos, pero todavía no sabemos cuánto dinero nos van a enviar porque el Presupuesto regional y el nacional aún no se han aprobado».

Ese planteamiento fue rechazado por Manuel Borrego, que como diputado de Economía y Hacienda llevó ayer la voz cantante en el PSOE. «Presentamos el presupuesto ahora porque queremos trabajar a partir del 1 de enero. No vamos a hacer como Rajoy, que en una situación de extrema urgencia ha tardado cinco días en nombrar a sus ministros».

Subidas salariales

Ese fue el principal argumento que esgrimió el PP para sustentar su rechazo, pero no el único. Barrios también aprovechó el debate para insistir en la injusticia que, a su juicio, supone la «desmesurada» subida salarial de la que se van a beneficiar el gerente del consorcio de bomberos de la Diputación, el coordinador de Desarrollo Sostenible, el gerente de Turismo y el jefe de la sección de Maquinaria. «¿Qué tienen en común los puestos en los que se van a dar esas subidas? Que son los funcionarios elegidos a dedo por el señor presidente. A ellos les ha tocado el gordo, mientras que al resto del personal le toca la pedrea del 1% de subida».

El PSOE defendió que esos incrementos intentan igualar las retribuciones de responsables que cumplían funciones similares. «A igual trabajo, igual sueldo». Más tarde, el diputado de Recursos Humanos, Antonio Garrote, lamentó que el PP utilizara esos «pocos» casos para criticar la gestión que se hace de una plantilla que está compuesta por 1.463 funcionarios.

En materia de recursos humanos, ayer se aprobó la ampliación del régimen jurídico de los complementos personales transitorios a determinadas retribuciones complementarias. La sacó adelante el PSOE con la abstención del PP.

Vestigios franquistas

Los dos partidos con representación en el pleno también se enzarzaron a cuenta de la memoria histórica. Los presupuestos aprobados incluyen una partida de 100.000 euros con la que se subvencionará la realización de un catálogo de vestigios franquistas en todas las localidades de la provincia. A los municipios en los que se detecten estos símbolos se les dará un año para retirarlos y, si no lo hacen, tendrán que devolver las subvenciones que les haya concedido la Diputación.

Miguel Ángel Gallardo afirmó ayer que de ese modo se obligará a cumplir una ley que es obligatoria para todos. Juan Antonio Barrios se mostró crítico con esta medida y lamentó que «la lucha ideológica y partidista» pueda perjudicar «a muchos vecinos» de la provincia.