Rechazo sindical extremeño al recorte a 25.000 funcionarios locales

La parte de la nómina de los empleados municipales que quiere recortar el Gobierno central, el complemento específico, puede representar hasta el 40% de los ingresos y es el segundo concepto salarial más importante después del sueldo base. La noticia de reducir esa parte fue ayer un «bombazo» sobre las plantillas de ayuntamiento y diputaciones provinciales en Extremadura, señalan dirigentes sindicales.

No saben a qué atenerse ya que «no tenemos claro si esto es un globo sonda o va en serio», se preguntaba Juan Lancho, responsable de negociación colectiva en la federación regional de servicios de Comisiones Obreras.

Ni ese sindicato, ni los dirigentes de CSIF o de UGT, conocen el detalle de esa propuesta filtrada anteayer por el Gobierno central y que formaría parte de una ley para reformar las administraciones locales y ahorrar en ellas. El ahorro en el complemento específico, a base de limitarlo en principio para los años 2014 y 2015, sería de 870 millones de euros para toda España, pero se ignora en qué cuantía.

De «difícil» aplicación

Benito Román, presidente regional de CSIF, o Ignacio Luis, de la federación de servicios públicos de UGT, afirman estar asombrados ante un anuncio que consideran de difícil aplicación ya que el complemento específico varía mucho de un ayuntamiento a otro, y también es muy distinto entre personal del mismo ayuntamiento; por otro lado les extraña que se hable de esta medida de ahorro sólo para la Administración local y no para otras como las autonómicas o la central.

En Extremadura entre ayuntamientos y diputaciones hay un total de 25.000 personas trabajando.

El complemento específico representa una media de 300 euros mensuales para un funcionario o laboral de nivel medio según los sindicatos, pero incluso puede llegar a los 800 y significar hasta el 40 por ciento del sueldo final, dependiendo del tipo de trabajo, sus características y peligrosidad.

Los sindicatos rechazan este posible recorte por injusto, una vez que ese personal ha sufrido en los últimos años varias reducciones de poder adquisitivo. «Lo que hay que hacer es lo contrario», reclama Benito Román de CSIF, «reforzar los servicios públicos y hacer de los ayuntamientos un medio para recuperar la economía y el empleo a base de inversiones».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informó ayer a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de esta reforma local, y a la salida de la reunión el presidente de la federación y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, aseguró que «no va a haber recorte salarial de funcionarios, no es la intención del Gobierno entrar en esa cuestión. No sabemos nada de ninguna horquilla ni se ha planteado ninguna horquilla para las retribuciones de los funcionarios. Es en la evolución futura del crecimiento de salarios donde se va a entrar».

Por otro lado, si se llevara a cabo la reforma de Administración local tal y como se plantea, para despojar de competencias a los municipios menores de 5.000 habitantes, «en Extremadura nos veríamos como en los años sesenta, con la maleta para emigrar al extranjero; nos cargamos los pueblos y el mundo rural», sentencia Román, de CSIF Extremadura. Montoro parece haber reculado en ese artículo que ordenaba la intervención inmediata de los municipios pequeños que no cumplieran la Ley de Estabilidad Presupuestaria.