El varapalo del Constitucional agrava la crisis en Portugal y en la zona euro

Cuando todavía humea el incendio provocado por el rescate a Chipre, estalla otra bomba en Portugal. El fallo del Tribunal Constitucional que invalida algunas de las principales medidas de ajuste recogidas en los presupuestos supone un varapalo para el ya debilitado Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho. Pero su impacto va mucho más allá. El dictamen incrementa las dudas sobre la estrategia de la 'troika' -formada por el FMI, la Comisión Europea y el BCE- para superar la crisis de deuda, basada en ayuda financiera a cambio de reformas y recortes. Justo este fin de semana se cumplen dos años desde que el país vecino pidió el rescate y, pese a ser el alumno más disciplinado en la política de austeridad impuesta por Alemania, solo ha conseguido más recesión y más paro. Eso sí, ha recuperado la confianza de los mercados.

Pero hasta este logro está en la cuerda floja. El Gobierno portugués, tras celebrar ayer una reunión de urgencia para analizar la situación, alertó de que el fallo del Constitucional coloca al país al borde del abismo al amenazar su «credibilidad externa». El Ejecutivo tiene que buscar la manera de tapar el agujero de entre 900 y 1.350 millones de euros que le ha dejado la sentencia si quiere cumplir con las metas de déficit público impuestas por la 'troika'. El dictamen invalida la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas, así como el recorte del 6% en el subsidio del desempleo y del 5% en el de enfermedad. El argumento esgrimido por los jueces es que las medidas violan el principio de igualdad a la hora de repartir los sacrificios.

En una breve declaración sin preguntas, el secretario de Estado de Presidencia, Luis Marques, afirmó que el Gobierno «acepta pero no está de acuerdo» con las decisiones del tribunal. Alertó, además, de que esta resolución «crea dificultades al país para cumplir con los compromisos presupuestarios», justo cuando se va a celebrar una «reunión crucial» para negociar un alargamiento de los vencimientos del préstamo de 78.000 millones solicitado en 2011.

El roto podría haber sido mucho mayor porque las medidas recurridas ante el Constitucional alcanzaban un impacto para las arcas públicas de 4.000 millones de euros. Se trata de la segunda vez que el alto tribunal luso descalifica las medidas de ahorro del Ejecutivo conservador.

Los socialistas, que justo esta semana impulsaron una moción de censura contra el Gobierno, aprovecharon el varapalo del Constitucional para pedir elecciones anticipadas. Su líder, Antonio José Seguro, argumentó que las normas desechadas revelan la «falta de preparación» e «inconsistencia» del Ejecutivo y se mostró «disponible» para tomar el mando.

Muy debilitado

Passos Coelho atraviesa un momento de máxima debilidad. Justo esta semana se ha producido también la dimisión del ministro más poderoso del Ejecutivo, Miguel Relvas, por irregularidades en su titulación universitaria.

Pero su principal fracaso radica en no haber podido sacar al país de la espiral de recesión y desempleo que dura ya tres años. Al contrario, las agresivas medidas de austeridad que ha adoptado solo han empeorado la situación. Passos Coelho fue nombrado primer ministro en junio de 2011, en las elecciones anticipadas que se convocaron después de que el Gobierno socialista de José Sócrates se viese forzado en abril a pedir un rescate de 78.000 millones de euros.

El líder conservador se convirtió desde el primer momento en el mejor alumno de la canciller alemana Angela Merkel al seguir al pie de la letra todas las recetas de austeridad impuestas por las 'troika' a cambio del rescate. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un apoyo del Gobierno luso que nunca lograron en la díscola Grecia, confiaban tener en Portugal un modelo exitoso de rescate, basado en reformas y recortes presupuestarios que, sin embargo, no ha logrado por ahora los resultados previstos.

Por culpa de una caída aguda del consumo y la demanda interna, los fuertes aumentos de impuestos al salario, que en dos años elevaron más de un 40 % la presión fiscal sobre los portugueses, generaron al final menor recaudación pública, al igual que la subida de los peajes o un aumento del IVA hasta el 23%.

En un país donde el Estado movía cerca de la mitad de la economía y una quinta parte de la fuerza laboral, la reducción abrupta del sector público estimuló, según muchos economistas, el cierre de miles y miles de empresas y una caída del PIB que, en el trienio 2011-2013, sumará siete puntos porcentuales.

La 'troika' ha suavizado en dos ocasiones y por iniciativa propia las metas exigidas a Portugal. El mes pasado aceptó que el país acabase 2013 con un déficit del 5,5%, un punto por encima de lo acordado. Ahora puede llegar incluso al 6,3%. Un nuevo fracaso para el Gobierno luso y también para la zona euro.