Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un empresario agrícola de Moraleja a un año y nueve meses de cárcel por no justificar parte de una subvención concedida. Además, le impone una multa de 300.000 euros por un delito de fraude de subvenciones y a la mercantil, otra del mismo importe. Ambos tendrán que indemnizar de forma solidaria al Ministerio de Industria Comercio y Turismo con 194.708 euros y tampoco podrán acceder a ayudas públicas y beneficios fiscales durante cuatro años.

Según se recoge en los hechos probados, el hombre solicitó en 2014 un préstamo para inversión industrial en el marco de una política pública de reindustrialización en Extremadura. El presupuesto financiable del proyecto era de más de un millón de euros, en concreto 1.043.910 euros, para ampliar una planta extractora de orujo que fue destruida por una explosión dos años antes.

Hay que recordar que en este incidente en esta empresa, Oleícolas Sierra de Gata S.A., murieron tres hombres y uno resultó lesionado. La Audiencia Provincial, en una sentencia emitida el año pasado, achacó el accidente al mal estado de las instalaciones y la falta de mantenimiento y consideró al dueño y al encargado de la aceitera responsables de tres delitos de homicidio por imprudencia grave y uno contra los derechos de los trabajadores.

Del montante total del presupuesto del proyecto, el ahora condenado por un delito de fraude de subvenciones solicitaba 782.932 euros y el resto del dinero previsto para la ampliación se cubría con fondos propios. En la petición de ayuda figuraba que la Junta había concedido otras dos subvenciones públicas en 2013 por un valor total que superaba los 590.000 euros. Por su parte, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa resolvió positivamente la solicitud y le otorgó un préstamo de 389.229 euros, de los que la mitad, más de 194.000 euros, se quedaron sin justificar.

«Los extensos argumentos de la sentencia de instancia acerca de si ha sido o no justificado el destino de aquellos fondos distan de poder ser calificados de ilógicos, arbitrarios o contrarios a las reglas de la experiencia», recoge la resolución judicial. El tribunal indica que la mala situción económica de la empresa a la alude el acusado «hace pensar más bien que el dinero del préstamo se utilizó para afrontar la falta de solvencia de aquella».

Además, subraya que la resolución de la concesión del préstamo recogía claramente el plazo para realizar las inversiones y gastos, así como el de presentación de la justificación del destino de la ayuda. «Pese al requerimiento efectuado, no presentó dicha justificación ni alegación alguna», añade.

Asimismo, la sala concluye que aunque la entidad podría tener interés inicalmente en realizar el proyecto, «lo cierto es que queda acreditado que se destinó el préstamo, en cantidad superior a los 120.000 euros mensuales, a finalidades distintas a la concreta inversión financiada».

Contra la sentencia únicamente puede presentarse recurso de casación.

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