El comité de empresa de Almaraz, a las eléctricas: «Que pidan cuanto antes la solicitud formal para garantizar la continuidad»
Romero ha instado a las propietarias a que la petición de prorrogar la vida útil de la central «salga lo antes posible» y al Ministerio a que «la acepte y la tramite»
El Comité de Empresa de la central nuclear de Almaraz ha pedido a tres eléctricas propietarias de la planta extremeña -Iberdrola, Endesa y Naturgy- que presenten a la mayor brevedad la solicitud para prorrogar la actividad al Ministerio para la Transición Ecológica para garantizar la prórroga de la central extremeña.
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«Cuando antes, que pidan esa solicitud formal al Ministerio para garantizar la continuidad de Almaraz y ganar tiempo para poder negociar la continuidad de todo el parque nuclear más allá de los años 27 y 35», ha señalado el presidente del Comité, Borja Romero.
Ayer, las propietarias encarrilaron el proceso para solicitar formalmente al Gobierno la extensión de la vida útil y se dieron de plazo hasta final de mes para presentar la petición, lo que permitiría prolongar la operación de la central hasta 2030. Ante esto, Romero ha instado a las eléctricas a que la petición «salga lo antes posible» y al Ministerio a que «la acepte y la tramite», según declaraciones que recoge Europa Press.
El responsable ha insistido en que todas las partes se sienten a negociar y acordar un plan de continuidad de las centrales a largo plazo. Además, ha reclamado a la Junta y al resto de ejecutivos autonómicos de las comunidades afectadas por el cierre de las centrales «soluciones posibles para que esto continúe» y a este respecto, ha citado la reducción de la ecotasa propuesta por la Junta de Extremadura. Gestos como este, ha explicado, han permitido «pequeños avances» para desbloquear la situación ya que «los plazos se van acercando irremediablemente» a la fecha límite marcado por las propietarias a finales de marzo de 2026 de cara a decidir un cierre definitivo.
Romero ha realizado estas declaraciones tras un encuentro con representantes de comités de empresa de todo el parque nuclear español celebrado este miércoles en Almaraz en el que, asegura, ha constatado la unidad en el sector para extender la planificación actual. Hay que recordar que el cierre está previsto entre los años 2027 y 2035, comenzando por los dos reactores de la planta extremeña.
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En la reunión, uno de los acuerdos adoptados ha sido la celebración de nuevos encuentros de forma periódica para analizar los pasos a seguir con el fin de determinar movilizaciones necesarias para pedir la continuidad.
Más reacciones
La plataforma 'Sí a Almaraz', a través de su presidente Fernando Sánchez, ha calificado de «gran noticia» la decisión de las eléctricas de pedir la prórroga, ya que sitúa al Ministerio a las puertas de la negociación para que continúe abierta.
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La continuidad sería, en sus palabras, «despejar del horizonte un gran cúmulo de incertidumbre» en la comarca de Campo Arañuelo. «Tenemos miedo, bastante miedo de perder nuestro futuro y sobre todo el de nuestros hijos», ha remachado.
Por su parte, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha cuestionado que las empresas esperen hasta «el último día» para pedir la continuidad de la planta. «Lo podrían haber hecho hace año y medio y ahorrar ríos y ríos de tinta».
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Además, ha señalado que el Ejecutivo central tiene tres líneas rojas: la seguridad de la planta, que no se incremente el importe del recibo de la electricidad y que las tasas para la gestión de los residuos no son impusetos.
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) cree que la ampliación de explotación de la central cacereña sería una «estafa» y que sería «el primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos», según ha dicho la portavoz, Cristina Rois.
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Bajo su punto de vista, la continuidad sería un obstáculo para la industria renovable y ha criticado la rebaja de la ecotasa anunciada por la Junta. «El insolidario oligopolio nuclear presiona de nuevo para evitar pagar por las consecuencias de su radiactivo negocio nuclear», ha añadido.
Por su parte, el responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha manifestado que «es irrelevante si el permiso es para uno o 10 años, se tiene que aplicar el procedimiento que aporte las máximas garantías y las inversiones de seguridad necesaria». Según ha reseñado, la central no ha comunicado el cumplimiento de todas las medidas obligatorias o voluntarias exigidas en el condicionamiento del cierre anterior.
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La portavoz del Foro Extremeño Antinuclear, Carmen Ibarlucea, también se ha pronunciado sobre el asunto y asegura que la continuidad sería «prolongar la dependencia del gigante industrial nuclear que en 44 años solo ha creado empleos ligados a sus necesidades directas». A este respecto, ha señalado que «las renovables adecuadamente planificadas y responsables sí podrían generar una mayor empleabilidad».
Por último, la activista antinuclear extremeña Paca Blanco ha advertido de que con esta prórroga «se alejaría la posibilidad de un futuro digno para todas en Campo Arañuelo. Y cuando cierre, porque algún día lo hará, su legado serán los 126 contenedores con el combustible gastado que hay ahora, más otros 13 por cada década de prolongación de operación».
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