Isla Valdecañas se salva del derribo

«Se conservan el hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento». Es el párrafo clave del auto que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) hizo público este miércoles sobre el complejo residencial y de ocio Marina Isla Valdecañas. Ahí está la respuesta a la pregunta que la comunidad autónoma empezó a formularse hace 13 años, cuando Ecologistas en Acción y Adenex denunciaron ante los tribunales las obras del resort de lujo que se estaba levantando en una zona protegida en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, cerca de Navalmoral de la Mata y junto al embalse de Valdecañas. Declarado ilegal por el propio TSJEx y por el Tribunal Supremo en los años 2011 y 2014 respectivamente, seguía pendiente una pregunta tan sencilla de formular como difícil de responder: ¿Es posible ejecutar esas sentencias, o sea, echar abajo ese recinto a hora y media de Madrid en coche en el que tienen chalé algunos de los bolsillos más desahogados de España? La respuesta la dio este miércoles el TSJEx y es doble: legalmente, sí; materialmente, solo en parte.

Ese planteamiento es el pilar que sustenta el auto de 67 páginas que este miércoles le alegró el día a los propietarios de viviendas y a la Junta e indignó a las asociaciones conservacionistas, que desde el inicio han defendido la ejecución íntegra de las dos sentencias, es decir, la demolición total.

El fallo permitirá a los dueños de los chalés seguir pasando en ellos sus vacaciones, y a la Administración regional le ahorrará un dineral. Lo concreta el propio auto: 34 millones costaría la demolición total y 111 las indemnizaciones. En total, unos 145 millones de euros que debería pagar en exclusiva la Administración regional, que fue quien le puso una alfombra roja a la iniciativa empresarial.Primero al catalogarla como PIR (Proyecto de Interés Regional), y más tarde al modificar la normativa autonómica tras la primera sentencia en contra. Esa reforma aprobada en la Asamblea con los votos de PSOE y PP fue luego declarada inconstitucional.

En lugar de una millonada, la Junta tendrá que abonar 500.000 euros, que se repartirán a partes iguales entre Ecologistas en Acción y Adenex. La Sala justifica esta indemnización en la necesidad de compensar «los perjuicios morales» por la dilatación del proceso, por la inejecución parcial de las sentencias y por los gastos ocasionados en estos años de incertidumbre y recursos. De los 250.000 euros que recibirá cada uno, los dos colectivos tendrán que dedicar la mitad a iniciativas que ayuden a mejorar el medioambiente extremeño.

Así será en el caso de que la causa termine como plantea el TSJEx, algo que está por ver. Al alto tribunal extremeño le gustaría que así fuera, por eso propone su decisión como «una forma para que el proceso acabe y las sentencias sean ejecutadas casi en su totalidad, intentando equilibrar los intereses en conflicto». Pero el auto es recurrible. Primero ante el propio TSJEx, que presumiblemente lo desestimará. Y luego ante el Supremo, que viene estimando en torno al 17% de los recursos de casación que le llegan, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Visto de otra manera: de cada cien presentados, rechaza 83. Las dos asociaciones demandantes ya anunciaron este miércoles que ejercerán este derecho a continuar en la vía judicial.

Si Marina Isla Valdecañas se queda como plantea el auto, no podrá construirse nada más –el proyecto original dibujaba otras 380 villas– y lo único que se demolerá, de entre lo que está en uso a día de hoy, serán las oficinas de la promotora y el piso piloto. El derribo parcial significa que se echará abajo solo lo que quedó a medias, esto es, el armazón de algunas viviendas y principalmente, el esqueleto de hormigón y ferralla del hotel de cinco estrellas que afea la zona de playa artificial. Todo lo esencial para la vida en el complejo se quedará como está: el hotel de cuatro estrellas, las 185 viviendas, el campo de golf de 18 hoyos, el edificio del club social, las cinco pistas de tenis, las diez de pádel, los dos campos de fútbol, el recinto hípico, los dos polideportivos, la marina de 76 atraques...

El motivo por el que todo eso debe permanecer es que «la parte de urbanización terminada no produce daño al medioambiente», concluye la Sala que preside Daniel Ruiz Ballesteros, y en la que están también Elena Méndez, Mercenario Villalba, Raimundo Prado, Casiano Rojas y Carmen Bravo. «Esencialmente, no se produce afección al medioambiente por el mantenimiento de las edificaciones que están terminadas», añade la resolución, que va más allá. «Si bien la construcción del complejo afectó negativamente a la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) –continúa–, no puede afirmarse lo mismo del funcionamiento del complejo».

Esto último contrasta con el informe que elaboró la Estación Biológica de Doñana, que concluía que desde un punto de vista medioambiental, mantener el complejo funcionando era diez veces más dañino que demolerlo. Ese informe, de hecho, merece un capítulo aparte, porque es una pieza esencial del proceso.

Tiene 1.100 páginas, tardó más de dos años en elaborarse, costó 467.000 euros y lo hizo un organismo medioambientalista por definición, que de hecho fue propuesto por Adenex. No en vano, al conocerse el contenido de ese estudio, los dos colectivos lo aplaudieron. «Es contundente y demuestra que la mejor opción para la conservación de la biodiversidad de la zona es demoler el complejo urbanístico», afirmó Ecologistas en Acción. Los jueces, sin embargo, lo han interpretado al revés. «La Sala –recoge el fallo– ha analizado con detalle el informe pericial de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y concluye la falta de afectación al medioambiente de la parte de la urbanización que está terminada, siempre que se adopten todas las medidas necesarias de protección y minimizando el impacto humano en una parte de la ZEPA».

Y precisamente por esto, el auto obliga a la Junta a diseñar un plan de demolición, restauración y revegetación del espacio. Debe tenerlo listo en medio año. «Al sexto mes deben empezar las adjudicaciones y luego las demoliciones», precisa el TSJEx, que pretende asegurarse de que ese programa sea eficaz y riguroso. Para ello, exige a la Administración regional que las medidas sean individualizadas y que detalle los costes, las personas responsables de la intervención y un calendario de actuaciones. También que ponga al menos dos vigilantes que se aseguren de que se va haciendo lo estipulado, y sobre todo, le obliga a ir informando a la Sala de cada paso que da. La Junta debe «ejecutar exactamente lo que se acuerde», previene el tribunal, que advierte que deberá ejecutarse el Plan de vigilancia ambiental previsto en la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del proyecto que permitió levantar el complejo.

Este programa de regeneración medioambiental que se ejecutará bajo la lupa del TSJEx debe «reponer el terreno a un estado que permita un proceso de regeneración del bosque mediterráneo». En términos más generales, ha de procurar «la creación de un enclave y paisaje similares a los protegidos en la ZEPA». Además, el auto concede un plazo de tres meses a la Junta y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo para que pongan en marcha las estaciones depuradoras de estas dos localidades.

En otro punto de su auto, la Sala, que no condena a pagar las costas a ninguna de las partes, valora «el impacto positivo que la urbanización terminada produce en los municipios cercanos, que se enmarcan dentro de los objetivos de desarrollo de las zonas rurales y la reversión de la situación de abandono continuado de la población rural hacia las ciudades». «La urbanización se encuentra en la zona en la que no existen valores naturales significativos, de modo que el desarrollo de actividades humanas, con carácter general, no repercutirá en el estado de conservación de los elementos por los que se designó la zepa», plantea el auto, que en varios de sus puntos llama a la necesidad de «equilibrar intereses en conflicto».

Son cuatro palabras, un razonamiento, que impregnan la resolución judicial más esperada de los últimos tiempos en la región. Tras varios lustros encadenando sentencias en su contra –al menos ocho entre el proceso central y los paralelos–, el auto de este miércoles es la única buena noticia que la justicia le ha reportado al resort de lujo extremeño en trece años.