La veterinaria acusada de sacrificar 41 perros confiesa que solo tramitó las bajas del censo

Hoy ha comenzado en Mérida el juicio por estos hechos, que tuvieron lugar entre 2017 y 2019 en Ribera del Fresno y localidades del entorno, donde trabajaba la acusada. En la primera jornada ha declarado la veterinaria y los propietarios de perros acusados de estas prácticas. En principio, habrá sesiones hasta el jueves.

La Fiscalía de Mérida aprecia 39 delitos de maltrato animal por los que pide 15 meses de prisión por cada uno. De esa forma, para esta profesional solicita más de cincuenta años de prisión por sacrificar perros sanos y por falsedad documental en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura. Para los dueños de los animales reclama penas de hasta diez años de cárcel en función del número de ejemplares fallecidos.

Además de la Fiscalía, participan como acusación particular la Federación Extremeña de Caza, el Colegio de Veterinarios, Ecologistas en Acción y las asociaciones protectoras Adana, SOS 112 Vagabundos, SOS Perrera Badajoz y El Refugio. Las penas son similares pero elevan a 41 el número de animales muertos.

La veterinaria, que ha respondido con firmeza al fiscal y a su abogada, ha negado que sacrificara perros que no eran válidos para cazar. Según ha dicho, su labor se limitaba a dar la baja en el registro, pero no comprobaba el cuerpo ni tampoco la causa de muerte, para lo que se guiaba por lo que apuntaba el dueño. Eso explica por qué las bajas coinciden en fecha, ya que se tramitaban varias al mismo tiempo, a veces meses después del fallecimiento.

También ha señalado que no todos los perros que fallecieron objeto de investigación eran de caza y que aunque lo fueran en ocasiones no era esa su finalidad. De hecho, también hay mastines que sólo hacían funciones de vigilancia.

Asimismo, ha indicado que informaba sobre las opciones de incineración, pero que no podía evitar que los perros fueran enterrados. «Yo sólo tramito la baja», ha asegurado. Y ha afirmado que sólo ha practicado dos o tres eutanasias en toda su carrera.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil encontró en el verano de 2019 el cuerpo enterrado de 'Borrasca', una perra de tres años. Los agentes interrogaron a su dueño, quien declaró que la veterinaria había puesto una inyección al animal para matarlo porque no valía para cazar. Tras indagar sobre otros casos, acudieron al propietario de otro animal, quien dio la misma versión. Los abogados de la defensa han pedido la anulación de estas declaraciones porque se hicieron en condición de testigos en lugar de como investigados y por tanto sin asistencia letrada.

Ambos propietarios han dado hoy una versión distinta en el juicio. El dueño de 'Borrasca' ha afirmado que el animal falleció a comienzos de 2019 tras chocar contra una valla. Y ha indicado que a la Guardia Civil le dijo que lo había llevado a la veterinaria para que lo matara porque pensaba que podían acusarle por enterrarlo en el campo. En su segunda declaración mantuvo la incriminación a la profesional porque «tenía miedo de cambiar».

El otro propietario que incriminó a la veterinaria también ha negado que le llevara hasta ocho perros para que los sacrificara. Según ha indicado, le dijeron que otro dueño había acusado a esta profesional y que no le pasaría nada, y en su primera declaración hizo lo mismo «por el miedo» a que fueran contra él.

En cuanto al resto de acusados, que en su mayor parte sólo han respondido a su abogado, han negado que llevaran a los perros a la veterinaria para que fueran sacrificados.