Vara y Pelayo Gordillo, los más ricos de la Asamblea

El Diario Oficial de Extremadura publicó a finales de octubre la declaración de bienes, rentas y patrimonio de los miembros del Gobierno regional, así como de altos cargos y eventuales, tal como obliga la legislación autonómica después de su nombramiento. También de los integrantes del Ejecutivo anterior tras su cese.

La Asamblea de Extremadura también publicó en verano la declaración de actividades, bienes, derechos e intereses de los diputados de la nueva legislatura. Los parlamentarios están obligados a presentar igualmente declaración de sus relaciones en materia de contratación con las administraciones públicas y de los miembros de su unidad familiar con los que convivan, incluidas las personas que tengan una relación análoga a la conyugal; así como una copia de su liquidación del impuesto de la renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio.

El único diputado autonómico que declara haber pagado por el impuesto de patrimonio en el último ejercicio fiscal, correspondiente al año 2022, es el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En concreto, abonó 183,71 euros. Según los últimos datos, apenas 1.200 personas tributan por este gravamen en la región, aunque la cuota media es muy superior, 4.758 euros.

El secretario general del PSOE extremeño tiene una vivienda de 176 metros cuadrados en Madrid y tres propiedades en Badajoz, Huelva y Olivenza al 50%; así como un depósito en cuenta corriente o de ahorro de 100.000 euros y un coche valorado en 10.000. En cuanto a su declaración de la renta, comunica unos ingresos íntegros de 96.700 euros.

Fernández Vara también es el único que tiene un régimen matrimonial acogido al Fuero de Baylío, que aún rige en varias localidades de la región, entre ellas Olivenza, su localidad de origen. En el resto de diputados predomina el matrimonio por gananciales y, en menos casos, la separación de bienes.

El expresidente de la Junta no es el diputado con más bienes. Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, declara disponer al 100% de cuatro viviendas y tres locales por donación, así como el 25% de un solar; y por herencia declara dos locales, una oficina, un solar y una vivienda con terreno, todo al 25%. También recoge una colección de coches clásicos por importe de 30.000 euros. En cuanto a sus rentas, sus ingresos íntegros computables en 2021 fueron de 18.700 euros. Además de concejal en el Ayuntamiento de Mérida, menciona su actividad como gerente de una empresa agrícola, que abandonó en junio de este año.

La presidenta de la Junta y presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Guardiola, recoge en la información publicada por la Asamblea dos bienes inmuebles al 50% en Cáceres, mientras que en su declaración como alto cargo especifica además que cada uno tiene un garaje y un trastero. Pero incluye otros datos, como que una de la viviendas fue adquirida el pasado mes de diciembre. También menciona dos hipotecas, una de ellas por importe de más de 376.000 euros.

Respecto a sus rentas, declara unos ingresos íntegros de 75.500 euros en 2022. En la declaración publicada en el DOE como presidenta de la Junta figuran cerca de 71.000, una cifra que se corresponde con el rendimiento neto reducido del pasado ejercicio, una vez descontados los datos deducibles. No se trata por tanto de ninguna falsedad o contradicción, sino que simplemente evidencia que los modelos de declaración son distintos y que por tanto hay datos que no son lo suficientemente completos.

En cuanto al cuarto grupo con representación en el Parlamenro regional, Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene deMiguel, declara que no dispone de ningún bien y por tanto de ninguna hipoteca. Sus ingresos íntegros fueron de 61.150 euros en el ejercicio 2021. Pero afirma contar con un plazo fijo por importe de 125.000 euros y un saldo medio en cuentas bancarias en el último año de 135.000.

En líneas generales, las declaraciones de bienes de los diputados de la Asamblea son más modestas que las registradas por los altos cargos del Gobierno regional. Pero hay que tener en cuenta que mientras que los segundos cuentan en muchos casos con una destacada trayectoria profesional y empresarial, los primeros tienen un perfil más político, por lo que predominan personas con experiencia en cargos públicos (concejales, alcaldes y diputados), donde los sueldos son por lo general más bajos.

Asimismo, como sucede con el caso de los cargos de la Administración regional, el modelo que deben rellenar los diputados supone en ocasiones que se ofrezca una información demasiado esquemática o con datos sin cumplimentar. Además, hay quien especifica la superficie y la localidad en la que están sus bienes, mientras que otros no lo hacen. A esto se suma que la declaración de bienes y actividades no siempre coincide con la declaración de la renta y patrimonio en cuestiones como el número de inmuebles que se recoge en cada caso, o bien aportan datos complementarios. En cualquier caso, tanto una como otra tienen carácter público y ambas se pueden consultar, con lo que se cumple con el principio de transparencia.

Por último, ninguno de los diputados autonómicos declara tener ninguna relación en materia de contratación con las Administraciones Públicas, ni tampoco que la mantenga ningún miembro de su unidad familiar, pareja o cónyuge.