El alcalde de Aldeacentenera, Francisco Muñoz, ante la residencia de mayores mejorada con los ingresos de una planta solar. HOY

Pueblos con fotovoltaica, los nuevos ricos

Los impuestos que han de pagar las empresas energéticas a los ayuntamientos por sus plantas solares se traducen en polideportivos, residencias de mayores, piscinas y auditorios en muchos pequeños municipios

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:46

A Francisco Muñoz, alcalde de Aldeacentenera, le contactó una empresa contratada por Iberdrola en octubre de 2019. Él había llegado a la alcaldía de este ... pueblo cacereño cuatro meses antes y nada más arrancar el curso político su agenda se topó con una megaplanta fotovoltaica en su término municipal. Fue bautizada como 'Francisco Pizarro' y al principio no tenía ni idea de que la inversión sería de 300 millones de euros y se convertiría en la más grande de Europa con 590 MW.

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Aunque al tratarse de más de 50 MW es el Gobierno quien autoriza estas instalaciones y no la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento debía dar el visto bueno. Esto y que te toque la lotería debe de parecerse mucho, pensarán muchos alcaldes acostumbrados a salir adelante cada año gracias a subvenciones de administraciones más grandes.

Esa planta de Iberdrola iba a ser tan grande que alcanzaba el término municipal de Torrecillas de la Tiesa, a once kilómetros por carretera. Allí, su primer edil, Tomás Sánchez Campo, reconoce que el pueblo estaba bajo mínimos cuando en 2020 irrumpió la pandemia. «Veníamos de tener seis bares-restaurantes prácticamente cerrados cuando llegó la 'Francisco Pizarro'. Fue empezar la obra y dar cientos de comidas a diario. Llegó a haber picos de 1.200 personas trabajando en la construcción, muchos quedándose en Trujillo. Se alquilaron todas las casas vacías», recuerda.

Licencia, IAE, BICES y otros pagos

De manera general, cada vez que llega una planta solar el municipio ingresa dinero por la licencia de obra, por el impuesto de Actividades de Económicas (IAE) y por el BICES, que es el tributo sobre los bienes inmuebles de características especiales. Hay consistorios que bonifican estos impuestos, esto es, les hacen rebajas que a veces descuentan hasta el 95% del tributo con tal de atraer la planta hasta su término municipal. Entre otros detalles administrativos sobre los que rápidamente se asesoran los alcaldes, también pueden facilitar el cambio del uso urbanístico del suelo, que da lugar al pago de un canon ineludible y que supone un 2% del coste del proyecto, dinero que solo se puede dedicar a inversiones. Y si bien hay pagos que tardan hasta tres años en hacerse efectivos (periodo de carencia), luego se benefician de un ingreso anual constante.

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Además, las promesas de empleo en la zona terminan de convencer a los políticos locales, aunque las expectativas suelen ser muy altas y luego se rebajan.

Según Francisco Muñoz, que gobierna en Aldeacentenera, «contacté con otros alcaldes porque al principio estábamos un poco perdidos. Luego, una de las primeras decisiones que se tomó por unanimidad en la corporación fue no bonificar ningún impuesto y oponerse a que el suelo de la planta fuera de utilidad pública».

Aldeacentenera tiene 600 habitantes y manejaba un presupuesto anual que rondaba los 800.000 euros. Desde que llegó la fotovoltaica de Iberdrola las cuentas municipales se acercan al millón y medio de euros cada año ahora que han empezado a cobrar el IAE y el BICES tras los tres primeros años de carencia. Pero el chorro de dinero que sí les llegó desde el primer momento fue el del canon urbanístico, un millón y medio de euros que les alcanzó para rematar la residencia de mayores del pueblo que el regidor describe «como un hotel» gracias a que debido al covid se suspendieron algunas reglas fiscales para los ayuntamientos y tuvieron más libertad para gastar.

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Además, prosigue este alcalde, se hizo una guardería y se adquirió una finca de 319 hectáreas para el ganado de los vecinos. Si a estas inversiones le añades que, según Muñoz, han dejado a cero la deuda y acaban de suprimir a los vecinos el impuesto de basura y del agua, que la tasa de terraza para los bares ya no existe, que han reducido el IBI a quienes tienen casa y los menores de 14 años han dejado de pagar en la piscina, prácticamente con una fotovoltaica al lado cualquier alcalde tiene la campaña hecha.

Planta fotovoltaica 'Francisco Pizarro' entre los municipios cacereños de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa. HOY

Y ahí no acaba la cosa porque después de la 'Francisco Pizarro', otra compañía, en este caso Naturgy, también se ha fijado en Aldeacentenera, por eso al otro lado de la carretera CC-149 donde tiene su planta Iberdrola se está construyendo otra fotovoltaica, la más grande de la compañía en España con 300 MW. «Con el dinero de la licencia que nos llegue de Naturgy queremos hacer un pabellón deportivo que no tenemos», avanza Muñoz.

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43% en suelo no agrícola

Una publicación de junio de 2024 del Ministerio de Agricultura revelaba, con datos de 2022, que los parques fotovoltaicos generalmente se ubican en áreas rurales o cercanas a zonas urbanas en terrenos que no exceden las 15 hectáreas (una parcela de entre 5 y 15 hectáreas puede producir entre 5 y 10 MW). El alquiler es la fórmula más utilizada para la explotación de estas instalaciones por periodos de 25 a 30 años, coincidiendo con la vida útil de los paneles solares.

Por provincias –prosigue el estudio– Badajoz, Cáceres, Sevilla, Zaragoza, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, y Albacete recogen entre el 4-13% de la superficie nacional de parques fotovoltaicos, y en su conjunto, suman casi 30.000 hectáreas, el 63% de la superficie solar instalada. Además, de las 40.071 hectáreas que había de plantas fotovoltaicas en 2022, 17.581 son en suelo no agrícola (43,9%), los cereales ocupan 8.206 hectáreas en España (20,5%), barbecho 4.307 (10,8%), industriales 3.941 has (9,8%), olivar 2.636 (6,6%) y tierras no cultivadas 953 hectáreas (2,4%), según este informe del Gobierno.

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«Ya tenemos acabado un complejo deportivo que no teníamos y la piscina ahora es accesible»

Tomás Sánchez Campo

Alcalde de Torrecillas de la Tiesa

En una entrevista para un suplemento de HOY sobre economía extremeña, el CEO de Alter Enersun, José Luis Morlanes, hablaba de que Extremadura «está a a la vanguardia de España en fotovoltaica», y recalcaba que una de sus plantas en la región iba a pagar 20 millones en impuestos a lo largo de su vida útil y generar 2.000 jornadas de trabajo al año, concluyendo que eran una oportunidad para el mundo rural que en España se está vaciando.

Alter Enersun tiene ahora mismo en generación tres plantas en Cáceres y dos en Mérida, pero también se ha fijado en Barcarrota, Jerez de los Caballeros y Alconchel.

No muy lejos de Aldeacentenera está Torrecillas de la Tiesa, a cinco minutos en coche por la solitaria CC-419. Como ya se ha comentado, además de esta carretera tienen en común que ambas se benefician de la planta 'Francisco Pizarro' de Iberdrola y de la que estará en construcción hasta la primavera del año que viene de Naturgy, bautizada como 'Campo de Arañuelo'.

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Tomás Sánchez Campo es alcalde de este pueblo de 1.100 habitantes desde 2007. Ya ha visto nacer a su alrededor cinco plantas fotovoltaicas, todas en los últimos ocho años. Empezaron con el megaproyecto 'Francisco Pizarro de 590 MW y luego llegaron cuatro más: dos pequeñas de 50 MW, otra de 150 MW y ahora la de Naturgy, de 300 MW, que también comparten con Aldeacentenera.

«La primera fue en 2018, cuando la empresa Ecoenergía del Guadiana hizo el estudio ambiental. Nos avisaron de la consejería y pensamos que querían nuestra dehesa de 200 hectáreas, donde tenemos a ganaderos del pueblo, pero al final resultó que fueron más de mil hectáreas que pertenecían a tres o cuatro particulares. Enseguida llegaron a un acuerdo», recuerda su alcalde, que enseguida vio cómo las cuentas de su Torrecillas de la Tiesa se enderezaban. El pueblo había recuperado la alegría con sus seis bares-restaurantes llenos a diario.

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«Al principio cobras la licencia de obra, que aquí la tenemos barata, del 1%, pero es lo menos atractivo porque es un dinero que solo ingresas una vez y al principio. Lo interesante es el IBI de categoría especial (BICES) y el IAE que tiene carencia de dos años y luego empiezas a ingresarlo anualmente durante la vida útil, que son 25 años con cuatro prórrogas de cinco, hasta 45 años por tanto, de manera que garantizamos la viabilidad económica del Ayuntamiento para las próximas cuatro décadas», señala este alcalde.

«¿Si hubo recelos? De los vecinos ninguno. Si acaso de gente de fuera, que nos decía que cómo estábamos poniendo el campo. Yo les digo que donde no me gusta no voy. Pero es que tenemos 14.000 hectáreas de término municipal y solo se han ocupado 1.100 donde antes solo había ovejas e incluso con la planta pueden seguir habiéndolas», razona Pérez Campo. Cuando hace las cuentas y explica cómo la energía solar resucitó a un pueblo que en ese momento penaba económicamente por culpa de la pandemia se reafirma aún más que en fue una suerte que estos inversores se fijaran en los llanos llenos de pastos que hay junto a su pueblo.

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Y es que antes de que llegaran las cinco fotovoltaicas Torrecillas de la Tiesa manejaba un presupuesto que rondaba los 1,3 millones de euros. «Ahora la (planta) 'Francisco Pizarro' nos puede dar unos 800.000 euros anuales y falta el IAE que se incorpora este año. Sumando todos los proyectos hablamos de entre 1,5 y 2 millones de euros», calcula el alcalde antes de enumerar en qué han ido aprovechando estos ingresos.

«Hemos acelerado las últimas fases de la residencia de mayores expropiando mil metros más para que los usuarios tengan un jardín. Ya tenemos casi acabado un complejo deportivo que no teníamos. La piscina ahora es accesible, hemos reformado los vestuarios y aunque ya estábamos bien con pista de tenis y de pádel, ahora hemos techado alguna para que se pueda jugar si llueve», recita de memoria consciente de que se deja alguna mejora más. «Y haremos un depósito de agua elevado porque tenemos problemas de presión», añade antes de concluir que también dan un servicio de comida a domicilio a los mayores. «Tener dinero te permite dar servicios que antes eran casi impensables porque no eran rentables», apunta el alcalde.

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Un centenar de municipios

Ya en 2023, la Junta de Extremadura apuntó que había en la región 186 plantas fotovoltaicas puestas en servicio de más de 1MW de potencia instalada, localizadas en 93 municipios y ocupando el 0,36 por ciento del territorio regional. Solo las plantas que se pusieron en servicio en 2022 conllevaron una inversión superior a los 900 millones de euros.

En la provincia de Badajoz es importante la planta de Solana de los Barros (2.540 habitantes), que se instaló junto a este pueblo de la comarca de Barros en 2021. Dos años después llegó a la alcaldía Diego Pérez con tres proyectos fotovoltaicos ya montados de FRV, el más importante de 138 MW y que entró en funcionamiento a principios de 2022.

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Allí el presupuesto municipal es de unos tres millones de euros anuales y solo las tres plantas generan 100.000 euros a las arcas municipales, dice. Lo que no ve bien es que sus antecesores en la corporación no aprovecharan mejor la llegada de esta compañía. «En Solana le aplicaron una bonificación del 95% de la licencia de obras, el máximo, y en vez de ingresar más de dos millones de euros fue en torno a 240.000 euros», lamenta.

Con todo, opina que «lo que sea vía de financiación para un ayuntamiento pequeño bienvenido sea», dice en relación a los 100.000 euros de más que les llegan cada año vía impuestos, si bien recuerda que su ayuntamiento matriz «tiene que atender a dos poblaciones pedáneas como Cortegana y Retamar (700 habitantes entre ambas) que demandan lo mismo que Solana: tres consultorios, tres casas de la cultura, tres ferias, tres romerías... Así que al final el dinero da para el día a día, aunque estamos construyendo un auditorio para organizar conciertos con aforo para 600 personas, graderío, cerramiento y camerinos que estará listo en abril del año que viene para animar la zona».

Diego Pérez, alcalde de Solana de los Barros, en la obra del auditorio que están construyendo gracias a los ingresos generados por las plantas solares. HOY

De formación ingeniero industrial, el alcalde de Solana de los Barros sabe no obstante que mucho más dinero que las fotovoltaicas dejan las plantas termosolares, que tras la construcción siguen requiriendo mucha mano de obra más allá de la vigilancia de los paneles.

Otro municipio pacense como Torre de Miguel Sesmero (1.200 habitantes) fue agraciado con el sol primero y con que la empresa de Florentino Pérez, ACS a través de su filial Cobra, se fijara en su término municipal para montar una termosolar. La operación se concretó en 2006 tras dar todo tipo de facilidades el municipio, tanto en cambio de uso del suelo como en bonificaciones fiscales. En 2014 el Consistorio ya había recibido cinco millones de euros más 200 hectáreas que inscribieron como patrimonio municipal. Pabellón nuevo, viajes a Isla Mágica, libros gratis y hasta un busto a su figura más insigne, Torres Naharro, fueron los primeros efectos de esta energía renovable por la que pugnan decenas de alcaldes de toda España.

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Trabajos de construcción de una fotovoltaica en la provincia de Cáceres. HOY

Alcaldes: «No hay tanto empleo como se promete después de la construcción»

Entre los alcaldes consultados el empleo que suelen estimar para los proyectos de fotovoltaicas no es tanto como parece, sobre todo tras la construcción. Tomás Sánchez Campo, alcalde de Torrecillas de la Tiesa, que comparte con Aldeacentenera la central fotovoltaica más grande de Europa, señalaba a este diario que «entre la Junta de Extremadura y las promotoras que deberían ver mejor esto del empleo porque es el que es, no el que dicen. Se genera mucho en la construcción, pero luego la gente joven que empezó con ellos y son más especializados o ingenieros se los llevan fuera de Extremadura, unos para logística, otros para montaje... En la planta hay dos o tres electricistas del pueblo de mantenimiento y algunos más cuando salen trabajos puntuales en verano para desbroces».

Francisco Muñoz, alcalde de Aldeacentenera, explica que durante el montaje, que dura uno o dos años «el trabajo es muy precario porque son contratas de contratas y quieren mano de obra barata. Pero la gente estaba muy expectante y en el Ayuntamiento recogimos los curriculum. Algunos de ellos siguen trabajando con la misma empresa y se han ido del pueblo porque van montando plantas por toda España. Aquí los trabajos que quedan por hacer son muy específicos y en el pueblo no hay esos perfiles», dice.

En lo que coincide con Diego Pérez, alcalde de Solana de los Barros, es que la seguridad posterior de la planta apenas genera empleo. «Se hace casi todo con cámaras que gestionan desde Madrid».

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