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El PSOE recurre ante el TSJEx las clases telemáticas

Unidas por Extremadura incide en que la falta de transporte escolar afecta a las zonas rurales y Vox acusa a la Junta de querer que las empresas trabajen a pérdidas

Luis Expósito

Badajoz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:24

El PSOE extremeño ha interpuesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ante la «decisión unilateral» de la Junta de establecer «sin ningún sustento ni base jurídica que lo ampare» clases online debido a la falta de transporte escolar.

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Así lo ha informado este lunes en rueda de prensa la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña. Además, ha añadido que su partido se ha dirigido formalmente al Defensor del Pueblo, a través de las Cortes Generales, ante la «vulneración del derecho fundamental a la educación» de estos alumnos.

«Daremos cuenta cuando recibamos respuesta de estas dos instituciones a las que nos hemos dirigido con un único objetivo político que es garantizar el derecho a la educación de los niños de los pueblos en Extremadura que, por incapacidad de este gobierno, llevan ya tres días del curso escolar vulnerados», ha asegurado Gil Rosiña en rueda de prensa recogida por Europa Press.

Cabe destacar que son 223 rutas escolares las que permanecen sin adjudicar tras el conflicto abierto entre el Ejecutivo extremeño y algunas empresas de transporte en la adjudicación de este servicio.

Junto a dichas medidas, el PSOE de Extremadura ha pedido también «los papeles y los informes jurídicos» que avalan las soluciones y «decisiones disparatadas» propuestas por la Junta ante esta situación y presentará mociones en los ayuntamientos de la región.

En este sentido, Gil Rosiña ha lamentado la «incapacidad manifiesta» de la Junta de Extremadura para resolver problemas ordinarios como asegurar un transporte escolar al alumnado de los entornos rurales, ya que miles de ellos siguen sin tener este servicio tres días después de iniciarse el curso.

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Ha considerado que éste es un ataque al mundo rural «sin precedentes» en Extremadura y una cuestión no coge «de sopetón» a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a quién ha preguntado cómo los miembros de su gobierno «han tenido la cara dura de irse en el mes de agosto de vacaciones sin tener resueltas las rutas de transporte escolar».

Unidas por Extremadura

Por su parte, Unidas por Extremadura califica de «broma de mal gusto» las soluciones planteadas por el gobierno de María Guardiola al caos en el transporte escolar. La portavoz, Irene de Miguel, ha lamentado que cinco días después del inicio del curso escolar, «sigamos teniendo a 5.000 estudiantes sin poder acudir a sus centros educativos» y asegura que las medidas «en vez de solventar el problema lo agravan aún más».

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De hecho, De Miguel ha asegurado que esas propuestas cargan en las espaldas de las familias y los docentes «la incapacidad de este gobierno». La portavoz ha rechazado las clases telemáticas, ya que asegura que éstas requieren de una planificación y adaptación curricular, «algo que no se está produciendo». Pero también considera que es «inviable» que muchas familias, especialmente las más vulnerables, puedan ponerlas en marcha «porque una familia que tenga tres hijos necesita de tres ordenadores, tres espacios diferenciados, tres cascos y micrófonos, además de internet que soporte tres conexiones durante más de 5 horas». «Quién puede -ha añadido- dejar a sus hijos sin supervisión durante esas horas delante de un ordenador».

En el mismo sentido se ha referido a otra de las medidas propuestas, como es el pago del kilometraje a las familias que lleven a sus hijos a los centros educativos. De Miguel asegura que es «un insulto». «¿Qué pasa con las familias que no tengan coche o las que no las puedan llevar?», se ha preguntado. «El desprecio a la Educación pública de este gobierno es muy preocupante y su soberbia e incapacidad de llegar a acuerdos roza la ilegalidad», ha afirmado De Miguel, quien ha anunciado que ,después de estudiar las acciones judiciales que su grupo puede emprender ante esta situación, la elevarán ante el Defensor del Pueblo «porque se está vulnerando el derecho constitucional a la Educación».

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La portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que el problema del transporte escolar lo están sufriendo especialmente las familias que viven en el medio rural, que, según ha dicho, han tenido que soportar este verano los incendios forestales, «que, entre otras causas, tienen como nexo común la despoblación». «Dejar sin transporte escolar a las zonas rurales es una política incendiaria que profundiza, aún más, en la despoblación», ha dicho.

Vox

De la misma manera, Álvaro Sánchez Ocaña (Vox) denuncia que la situación vulnera un derecho básico como es la educación y exige a la presidenta María Guardiola y a su consejera de Educación que asuman responsabilidades tras una gestión que califica de «nefasta y sin planificación».

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 «Es gravísimo lo que está ocurriendo con el transporte de las rutas escolares en nuestra región. Se trata de un atentado contra un derecho básico como es la educación de nuestros niños. Es un servicio ya pagado con los impuestos de todos los extremeños y, sin embargo, está siendo nefastamente gestionado por la Junta de Extremadura», ha señalado Álvaro Sánchez Ocaña.

El diputado de Vox ha recordado que son las familias de las zonas rurales las más perjudicadas, ya que se ven obligadas a dedicar tiempo y dinero extra para llevar a sus hijos a la escuela, «duplicando costes por un servicio que corresponde al Gobierno autonómico y que ya está financiado con el dinero de todos los extremeños».

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Sánchez Ocaña ha denunciado también el contraste entre la falta de inversión en transporte escolar y el gasto en otras partidas: «Mientras se abandonan servicios básicos como la educación, cada menor inmigrante cuesta 4.000 euros al mes y se destinan más de 6 millones a cooperación internacional. Ese dinero debería destinarse a educación, sanidad, empleo e infraestructuras, no a políticas superfluas».

Asimismo, ha criticado que la Junta intente forzar a empresas privadas a trabajar con pérdidas y que se plantee la educación telemática improvisada como alternativa: «No se puede obligar a profesores y alumnos a una enseñanza telemática de un día para otro, sin planificación ni recursos. Es un reflejo del modo de actuar de este Gobierno: sin consenso, sin humildad y más parecido a la izquierda que al cambio que se prometió».

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