El PSOE reclama los «escritos de inhibición» de cuatro altos cargos del Gobierno de Guardiola

«Se trata de altos cargos que proceden del sector privado y que, por tanto, de no inhibirse en determinadas decisiones que ahora son de su competencia, incurrirían en conflictos de intereses», explica José María Vergeles, diputado que firma las peticiones en calidad de coordinador y portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Administración Pública.

Argumenta que el artículo 28 de la Ley 1/2014 de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de Extremadura, aprobada en la legislatura en la que el PP gobernó la Junta con José Antonio Monago, «impide que ningún alto cargo, en un plazo de dos años, pueda involucrarse en decisiones públicas que afectan al sector privado del que formó parte», aclara Vergeles.

Una situación, según el PSOE, en la que se encuentran cuatro altos cargos del Gobierno regional: el gerente del SES, Jesús Vilés; la gerente del Sepad, Estrella Martínez; el consejero de Economía, Guillermo Santamaría; y el director general de Deportes, Santiago Amaro.

«En todos los casos provienen del sector privado sobre el que ahora, como responsables públicos, pueden tomar decisiones y esto supone conflictos de intereses», dice Vergeles. Ante esta situación, añade el diputado socialista, «hemos solicitado los escritos de inhibición que entendemos que han presentado ya en el registro de conflictos de intereses en la Consejería de Presidencia». También, «porque damos por hecho que esos documentos están, hemos pedido los escritos en los que la presidenta, en el caso de Santamaría, y los consejeros de los que dependen los gerentes del SES y el Sepad y el director general de Deportes, indican quiénes les sustituirán en las decisiones en las que están obligados por ley a inhibirse».

Lo que dice la ley

El PSOE considera que, en el caso de Jesús Vilés, «no puede participar en las derivaciones de pacientes de la pública a la privada para reducir las listas de espera, puesto que procede de la sanidad privada». De la misma manera, Estrella Martínez, como gerente del Sepad, «pero antes directora de una residencia privada, no puede participar en la concertación de plazas». El consejero de Economía, «antes director de Telefónica en Extremadura, debe inhibirse en las decisiones que afecten a la transformación tecnológica y digital». Y Santiago Amaro «no puede participar en determinados concursos para empresas del sector por ser el propietario de una».

La Consejería de Presidencia no ha atendido la petición de este periódico respecto a la denuncia y solicitud de informes del PSOE en base al artículo 28 de la Ley 1/2014 de 18 de febrero, que textualmente dice que los cargos públicos «están obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en que hubiesen intervenido o que interesen a empresas y sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración tengan parte ellos, su cónyuge o persona con quien convivan en análoga relación de afectividad o cualquier otra persona con la que tenga parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo». Y también que «no intervendrán en el conocimiento o decisión de asuntos que afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público, tanto ellos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus familiares de segundo grado o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos».

En cualquier caso, no es esta la única información referente a altos cargos que el PSOE ha solicitado a través del registro de la Asamblea. Cabe recordar que el pasado agosto presentó 68 peticiones de información con el mismo fin, conocer si incurren o no en conflictos de intereses. En concreto, en cada una de las reclamaciones, se pide conocer la información relativa a la formación y experiencia profesional, actividades desarrolladas, copia de los bienes, derechos, intereses y rentas y «cualquier otra documentación que haya formado parte de la moción previa al nombramiento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura», recuerda Vergeles. «Pero seguimos a la espera de que se atiendan estas solicitudes».