Los propietarios defienden que los pisos turísticos de Extremadura no alteran los alquileres

En su opinión, esta crítica velada a los apartamentos turísticos lo que esconde es «incompetencia» del Gobierno respecto a la política de vivienda, sobre la que no ha habido un plan que evite el alza de los precios. Según Gutiérrez, en la región la cifra de apartamentos turísticos no interfiere en el mercado de la vivienda, si bien echa de menos ordenanzas municipales que regulen su existencia.

Aptuex agrupa en toda Extremadura a aproximadamente 700 apartamentos turísticos, 850 habitaciones en total. Fuera de la asociación calcula que opera una cantidad similar, por lo que la cifra total en la región rondaría los 1.400 apartamentos turísticos. Cáceres y después Mérida son las dos poblaciones extremeñas donde más hay. El representante de Aptuex conoce sobre todo la situación de la primera. «En La capital cacereña hay 54.000 viviendas en total –afirma–, de las que 36.000 son habituales o de primera ocupación; las otras 18.000 son segundas viviendas, bien alquiladas o apartamentos turísticos. Por la indefensión jurídica, la mitad están cerradas. Si hubiera más garantías para los propietarios, estarían en el mercado. De la otra mitad habrá algo más 7.000 para alquiler, así que los apartamentos turísticos suponen un 0,25% del parque total de viviendas de Cáceres, por lo que es imposible que tengan la culpa de que suban los precios del alquiler», razona Gutiérrez.

La regulación de los apartamentos turísticos recae sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero desde el pasado 1 de julio el Gobierno, cuando comprueba que toda la documentación está en regla, otorga un número de registro único de alquiler, denominado NRUA, que indica que es legal al anunciarse la propiedad online. De ahí sale la cifra de 53.876 pisos en toda España cuya licencia ha sido rechazada, de los que 181 están en Extremadura (26 en Cáceres, 21 en Mérida, 13 en Losar de la Vera, 8 en Badajoz y 6 en Jerez de los Caballeros, entre otras poblaciones). Con 16.740, Andalucía es la comunidad con más licencias revocadas por parte del Ministerio de Vivienda. La idea del Gobierno es que sin ese NRUA no puedan anunciarse en las plataformas, pero Gutiérrez cree que los grandes portales de Internet, como Booking o Airbnb, seguirán actuando por su cuenta porque gran parte de su oferta son alojamientos ilegales y si eliminaran todas esas referencias, su facturación bajaría drásticamente. En cualquier caso, desde Aptuex diferencian entre las 181 licencias revocadas por el Gobierno, que entienden que la mayoría pueden ser subsanadas fácilmente, y los pisos «ilegales» que se ofertan, contra los cuales cree que sí habría que actuar.

Para Javier Gutiérrez, de Aptuex, ni Cáceres ni Extremadura en general son zonas saturadas por los apartamentos turísticos. «Cada población lleva su línea de crecimiento y en Extremadura estamos por debajo de la media nacional. Pero pedimos al Ayuntamiento de Cáceres una regulación del sector, una ordenanza que podría extrapolarse a Mérida y Badajoz. Estamos lejos de que haya saturación, pero no queremos llegar a ese punto, queremos un crecimiento ordenado», señala.

La normativa de pisos turísticos en España es compleja y se basa en legislación autonómica y local, pero desde abril de 2025, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal otorga a las comunidades de vecinos el poder de prohibir nuevos alquileres turísticos mediante el acuerdo de una mayoría de dos tercios. Es imprescindible inscribir la vivienda en el registro turístico de la comunidad autónoma correspondiente, obtener la licencia o número de registro y cumplir con los requisitos de habitabilidad, seguridad y servicios, como limpieza y registro de viajeros.

Juan Antonio Martín, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Extremadura, opina que en Cáceres, donde más apartamentos turísticos hay, lo que predomina es la legalidad, por eso cree que la medida anunciada por el Gobierno apenas va a incidir en esta modalidad de alojamiento. Lo que sí le consta es que en comunidades de vecinos hay un gran rechazo a que se implanten este tipo de apartamentos. «Algunos incluso quieren que conste en acta como declaración de intenciones, antes de que algún vecino lo solicite, lo cual se puede hacer como prevé la ley».

Por su parte, Carmen Expósito, administradora de fincas en Badajoz, ha gestionado varias peticiones y explica que siempre han sido rechazadas porque en esta ciudad en las comunidades de vecinos hay rechazo a habilitar viviendas habituales como pisos turísticos. «Hay recelos, incluso alguna comunidad ya ha dejado claro en junta de propietarios que no quieren apartamentos turísticos aunque la ley lo diga. Y eso que la ley prevé que se establezcan cuotas especiales de gasto, siempre que no sea más de 20%. Pero aunque la comunidad coja más dinero, la gente no quiere».

Javier Gutiérrez, de Aptuex, está en la misma línea. «Aquí (en Cáceres) a veces se intenta en edificios completos y ahí sí estoy de acuerdo, porque donde hay 15 o 20 vecinos no comparto que se hagan apartamentos turísticos porque las molestias son superiores y debe prevalecer el derecho al descanso. Yo propongo que estén en locales y entreplantas, igual que un despacho de abogados, una consulta de psicólogo o cualquier otra actividad económica, a ser posible con entrada independiente para no molestar».