El primer plan de respiro familiar de la Junta deja fuera a más de 300.000 extremeños

Sin embargo, esta ayuda no llegará a todos los rincones de la región. Tal como se recoge en el programa de colaboración económica municipal, que ha sido publicado en el DOE, este primer plan se pone en marcha en 13 municipios con más de 10.000 habitantes y en 35 localidades con una población que oscila entre más de 4.000 y 10.000 habitantes. Se alcanza así, como detalla la Junta, una amplia cobertura porque en las localidades decididas reside el 70% de la población extremeña: 727.181 habitantes.

Pero hay más de 300.000 extremeños que se quedan fuera del primer plan regional de respiro familiar. Aquellos que residen en las localidades de menos de 4.000 habitantes o, lo que es lo mismo, en la inmensa mayoría de poblaciones de una comunidad autónoma eminentemente rural si se tiene en cuenta que el servicio llegará solo a 48 municipios de los 388 que hay en Extremadura.

La Junta transferirá los fondos a los ayuntamientos elegidos, que podrán decidir si los aceptan o los devuelven y determinar la prestación del servicio bien a través de personal propio o por medio de entidades especializadas. En cualquier caso, las cuantías económicas que recibirán irán destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de quienes se dedican con carácter habitual al cuidado no profesional de personas en situación de dependencia y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o personas con un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al 75%, aunque no exista la situación de dependencia reconocida «si dicha necesidad se justifica desde el servicio de atención social básica correspondiente».

A través de este primer plan de respiro familiar, que contará con un presupuesto anual a excepción de este primer año en el que la financiación alcanzará solo hasta el próximo 31 de diciembre, se prevé dar respuesta a las demandas concretas de las personas cuidadoras habituales no profesionales. El objetivo, aclara la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que gestiona la iniciativa, es ofrecer a estos cuidadores «la posibilidad de disponer de unas horas para su descanso personal o bien para cubrir sus necesidades puntuales derivadas de la conciliación de las obligaciones laborales y personales y las responsabilidades familiares que se produzcan».

De hecho, «se ha comprobado que el respiro familiar resulta fundamental ante diferentes situaciones que necesitan afrontar las personas cuidadoras en su vida diaria tales como necesidad de descanso, situaciones de estrés y ansiedad, compromisos familiares y reuniones, hospitalización o fallecimiento de seres queridos, necesidad de atención a otros miembros del núcleo familiar, así como la posible realización de trámites burocráticos y situaciones puntuales similares».

Por ello, la cuantía total a otorgar a cada entidad, el reparto del millón de euros entre las 48 localidades elegidas, se ha llevado a cabo en función de las personas de cada municipio que tienen una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y, grado de dependencia reconocido. Y el importe de las transferencias podrá destinarse a todos aquellos gastos necesarios para desarrollar una o varias de las modalidades del servicio de respiro familiar.

Son tres las modalidades de ayuda: acompañamiento y asistencia domiciliaria, en la que el cuidador dispondrá de un máximo de 48 horas por persona atendida al año; actividades de ocio y descansos en hospitalizaciones parciales ambulatorias, acompañamientos a servicios especializados ambulatorios y postoperatorios, en las que el cuidador contará con 30 horas al año; y asistencia por parte de los dependientes a establecimientos externos no sociosanitarios.

Esta modalidad es la que ha venido ofreciendo en la última década en la región Plena Inclusión, la posibilidad de atender en campamentos con personal especializado a dependientes. Un servicio que la entidad no ha podido prestar este verano, como ha denunciado de manera pública, al descender la subvención autonómica.

Ahora, con el nuevo plan de la Junta, las actividades incluidas en esta tercera modalidad irán dirigidas a realizar el respiro en otro tipo de establecimientos no sociosanitarios. «Se incluirán las actividades de ocio que procedan tales como: asistencia a la playa, montaña, campamentos, etcétera». La entidad beneficiaria se responsabilizará de la seguridad de las personas atendidas, la duración mínima de la actividad será de una semana y el coste máximo de la actividad por persona será de 500 euros.

Como en el resto de modalidades, los servicios podrán ser prestados por personal propio contratado por las entidades locales o mediante subcontratación con entidades sociales especializadas en la atención a las personas con discapacidad o con empresas externas.