Las nuevas oficinas antiokupación ya están en marcha en Cáceres y Badajoz

Junta y colegios rubricaron el acuerdo el pasado 2 de junio para que los particulares afectados por la okupación de inmuebles destinados a vivienda, no en los casos de inquiokupación (impago de viviendas en alquiler), cuenten con orientación y asistencia profesional. De este modo, cada oficina dispone de un turno especializado de abogados que prestan asistencia urgente o de primera necesidad a los afectados para ayudarles en la solución de su conflicto.

La oficina de Cáceres entró en funcionamiento el pasado 1 de julio, en el plazo previsto, pero la de Badajoz no lo ha podido hacer hasta este miércoles. La atención en ambos casos se realiza a través de un teléfono operativo en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Las consultas telefónicas son atendidas directamente por el letrado designado para cada día, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El Colegio de Abogados de Badajoz ha habilitado para ello el número 924 59 03 75. Las personas interesadas en contactar con el Colegio de Abogacía de Cáceres debe llamar al 672159026.

Además se ha dispuesto una dirección específica de correo electrónico en cada colegio para consultas en línea disponible las 24 horas del día. En el caso de Cáceres, serviciosocupacion@icac.es; y en Badajoz, serviciosocupacion@icab.es.

La atención será inicialmente telefónica por parte de un profesional especializado en civil y en concreto en ocupaciones ilegales. En el caso de que se vea la existencia de un problema, se derivará a la víctima de forma presencial y se continuará con ese asesoramiento, el posible inicio de acciones o el seguimiento del caso, ante lo que darán «cumplida» información a la Consejería de Vivienda.

Precisamente el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, destacó en la firma del convenio que el objetivo de las nuevas oficinas es atajar un problema que considera «creciente» en Extremadura. Según indicó, las cifras del Ministerio del Interior recogen que el pasado año se produjeron en la región 145 casos de usurpación o allanamiento de bienes, un dato inferior sin embargo a los tres ejercicios anteriores, aunque del orden de los 150 por anualidad. Asimismo, se registraron 104 víctimas y 24 detenciones por estos hechos.

Esta estadística, no obstante, recoge tanto las entradas en inmuebles ajenos como la permanencia, con o sin violencia, por lo que no se puede equiparar con las okupaciones. Aún así, para el Gobierno regional reflejan un problema que tiene gran incidencia para las personas que lo sufren y para el conjunto de la sociedad.

Para Martín Castizo, las ocupaciones ilegales no sólo suponen un atentado contra la propiedad privada y una causa de inseguridad ciudadana, sino que también generan distorsiones en el mercado inmobiliario. «Muchos propietarios dejan de alquilar sus viviendas por miedo a no poder recuperarlas», explicó, aunque esto obedece principalmente a casos de impago en lugar de usurpaciones o allanamientos. En cualquier caso, el consejero considera que esta situación perjudica a personas en situación de vulnerabilidad, como trabajadores precarios, inmigrantes y madres solteras, ya que se produce una disminución de la oferta y por tanto un aumento de los precios.