Ninguna empresa se presenta a la licitación para iniciar el desmantelamiento de Almaraz
El Gobierno prorroga 11 días el plazo para presentar ofertas ante la ausencia de estas y porque así lo han pedido dos interesadas, según explica Enresa
El Gobierno ha decidido prorrogar 11 días el plazo para presentar ofertas a la licitación de los trabajos previos al desmantelamiento de la ... central nuclear de Almaraz, según consta en la documentación del concurso público convocado por Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.). El retraso se explica por dos razones: porque no se había presentado ninguna oferta y porque dos empresas que sí están interesadas han pedido más tiempo para preparar sus candidaturas.
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Así se explica en el acta de la reunión que mantuvo el pasado día 18 el Comité de Compras de Enresa, que es la empresa pública que se encarga de los desmantelamientos nucleares y de gestionar los residuos de estas plantas. La preside la extremeña Olga García, que el pasado noviembre sustituyó en el cargo a otro extremeño, el también exconsejero José Luis Navarro. El Comité de Compras es el órgano de contratación de Enresa, en virtud del acuerdo de descentralización de competencias del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2022.
El contrato tiene un presupuesto base de casi 28,7 millones y se refiere a varios trabajos técnicos
En su reunión del miércoles de la semana pasada, adoptó la decisión de «ampliar el plazo de presentación de ofertas relativas al expediente CO-TA-24-021 'Servicio de ingeniería para el plan de desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz', que se inició el pasado 22 de mayo de 2025, a la vista de la petición realizada por dos empresas, en aras de favorecer la máxima concurrencia posible y dado que hasta la fecha no se ha presentado ninguna oferta a la licitación«. También se recoge que »el nuevo plazo finalizará a las 13 horas del 18 de julio de 2025«. El anterior expiraba el 7 de julio.
Estudios previos y documentación
El contrato en cuestión sale a concurso público con un presupuesto base de casi 28,7 millones de euros, y es uno de los varios que hay que adjudicar antes de iniciar el desmantelamiento de la instalación.
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Se refiere a trabajos técnicos, como elaborar la documentación y las herramientas de gestión del proyecto, preparar los estudios iniciales y la ingeniería de diseño, las especificaciones técnicas y los proyectos de obra, y también la documentación requerida para la posterior autorización del desmantelamiento.
La primera vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que depende Enresa, publicó la licitación de este contrato fue en junio del año pasado. Pero no volvió a haber noticias de él hasta el pasado abril, cuando el Consejo de Ministros autorizó a la empresa pública la contratación del servicio en licitación. Con esta decisión, el Gobierno lanzaba el mensaje de que seguía adelante con sus planes de apagón nuclear en España, que como es sabido, contemplan el cierre paulatino de los siete reactores operativos a día de hoy. El primero en cesar su actividad será el de la unidad uno de Almaraz, que se apagará en noviembre del año 2027, y un año más tarde lo hará el dos de la planta extremeña. Los restantes (Vandellós, Cofrentes, Trillo y los dos de Ascó) lo harán en los años siguientes, hasta 2035, cuando bajará la persiana el último.
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El desmantelamiento
Así lo acordaron las eléctricas y Enresa en el año 2019. Y lo pactado se cumplirá si no fructifican las negociaciones entre el Gobierno y las empresas propietarias de estas instalaciones (en el caso de Almaraz, Iberdrola en un 53%, Endesa en un 36% y Naturgy el 11%). El deseo de las compañías es retrasar el cierre de Almaraz hasta el año 2030, en que se apagarían sus dos reactores a la vez.
En cualquier caso, y conforme a la hoja de ruta vigente en la actualidad, el desmantelamiento de la central nuclear ubicada en la comarca de Campo Arañuelo no comenzará antes del año 2030 y durará al menos una década. En él, de hecho, se trabaja desde hace meses en la propia central, que el año pasado creó un departamento de transición de activos, integrado por dos personas. Su misión es preparar el terreno para cuando toque ceder la titularidad de la instalación a Enresa, ya que es la empresa pública la que se hará cargo del desmantelamiento. Esto hace que la planta funcione en su día a día con el doble escenario de cierre en 2027 de la unidad uno y en 2028 de la dos, y continuidad más allá de esas fechas.
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