Ningún municipio extremeño cumple la obligación de notificar los restos de amianto
El día 10 expiró el plazo de un año para que los ayuntamientos hiciesen su censo y un calendario de retirada del tóxico y lo remitieran a la Consejería
Todos los ayuntamientos extremeños han incumplido la ley que entró en vigor el 9 de abril de 2022 y que concedía un año para elaborar ... un censo municipal de edificios públicos y privados con amianto, una sustancia cancerígena prohibida en España desde el año 2002. El plazo para hacer esos inventarios expiró el pasado día 10, y a esa fecha, ninguno de los 388 consistorios que hay en la comunidad había remitido esta información a la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, según informa este departamento del Gobierno regional.
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La ley que todas las localidades han incumplido es la 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que en una de sus disposiciones obliga a los ayuntamientos a «elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada». «Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público –añade–, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado».
Pero transcurrido un año, no hay ni censo ni calendario. Al menos lo primero sí que lo elaboró el municipio pacense de Vivares el año pasado, convirtiéndose en uno de los más tempraneros de España en hacerlo, si no el primero. Pero a la Junta no le consta que ningún consistorio de la región haya enviado la información exigida por ley.
El inventario lo exige una ley nacional y debe incluir edificios tanto públicos como privados
«La Dirección General de Sostenibilidad –afirma el Gobierno regional– es consciente de la complejidad que supone el problema de la retirada del amianto, al ser difícil y costoso de determinar». «Por ello –sigue–, se ha pospuesto la creación de un grupo de trabajo con la Fempex y las dos diputaciones provinciales, con el fin de determinar un plan de acción al respecto, trasladando información a las entidades locales y recordándoles su obligación legal de cumplir con la ley 7/2022».
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La dificultad para atender esta normativa la ilustra también el hecho de que la retirada del amianto implica a cuatro consejerías: Transición Ecológica y Sostenibilidad, Sanidad y Servicios Sociales, Educación y Empleo, y por último, la de Vivienda, Transporte y Turismo.
Las cuatro llevan tiempo «trabajando en relación con los edificios de la Junta con mayor riesgo», afirma la Dirección General de Sostenibilidad. «De hecho –añade–, ya se ha iniciado la retirada en edificios públicos, dado que en todas las reformas se llevan acabo retiradas de este material, aunque no se incluye en un inventario predeterminado».
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Retirada subvencionada
La Junta recuerda además que la eliminación de esta sustancia nociva para la salud está subvencionada cuando se trata de retirarla de las cubiertas para instalar en ellas placas fotovoltaicas. Estas ayudas las tramita la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Además, la Diputación Provincial de Badajoz tiene un Plan de eliminación de fibrocemento, un material que suele incorporar amianto. En su primera convocatoria, en el año 2021, destinó 400.000 euros para retirar este material de colegios y centros educativos infantiles públicos de localidades con menos de 20.000 habitantes. En la segunda repitió presupuesto y destino de la subvención.
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La ley aprobada hace un año establece que a la hora de extraer el amianto, se priorizará hacerlo en «las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable». «En todo caso –añade la normativa vigente–, las sedes públicas con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028».
La sustancia está en los edificios construidos entre 1960 y 1984
«El máximo periodo de utilización del amianto, con el cien por cien de probabilidad de encontrarlo en las construcciones, es el que va de los años 1960 a 1984». Lo afirma la Junta de Extremadura en su web, en la que detalla también que «a partir de 1984 es más improbable de encontrar, aunque hasta el 14 de junio de 2022 no se prohibió el último tipo de amianto que se podía utilizar en el fibrocemento, que es el crisotilo o amianto blanco». Antes fueron prohibidos el azul y el marrón, en 1984 y 1993 respectivamente. El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales «con excelentes propiedades aislantes, mecánicas, químicas y de resistencia al calor», define la Junta, que añade que estas características «y su bajo coste explican su amplio uso en el pasado». La Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad explica que el asbesto «se ha venido utilizando ampliamente en diversos usos: construcción, cubiertas, paredes pluviales, bajantes, depósitos, como protección contra el fuego en estructuras metálicas, y en paneles acústicos y calorífugados de tuberías». También «en la fabricación de baldosas y suelos, en placas decorativas de falso techo, como fibrocemento en placas onduladas, planas y tuberías, en pinturas, asfaltos y masillas, en mobiliario urbano, etcétera». «Es peligroso –concluye– si se fragmenta y las fibras se transmiten por vía aérea en forma de polvo de amianto». Han de retirarlo empresas autotizadas para ello, al ser considerado residuo peligroso. La Unión Europea lo tiene catalogado como agente cancerígeno.
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