La Ley de Memoria Histórica continúa su tramitación con los votos de PSOE y Podemos

Extremadura está más cerca de contar con una nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática después de que la Asamblea acordara ayer continuar con la tramitación del proyecto presentado por el Gobierno regional.

Los votos de PSOE y Podemos permitieron rechazar la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Popular. No ha sido la única, ya que el diputado no adscrito Juan Antonio Morales, que este verano ha abandonado el PP, también registró una enmienda. Sin embargo, acogiéndose al reglamento del Parlamento regional, no se ha permitido su tramitación. Ayer pidió intervenir en tres ocasiones, pero la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, no le dio la palabra.

La consejera de Cultura, Leire Iglesias, presentó una ley con la que se pretende dar un paso más en la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las personas que «padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura», según recoge el texto.

Como novedades, Iglesias destacó la creación de un mapa de fosas, la nueva regulación de los procedimientos de exhumación, la ocupación temporal de terrenos para investigación, la concesión de indemnizaciones a las víctimas, la recopilación de documentos y la obligación de retirar símbolos franquistas.

Por parte del PP, la diputada Inés Rubio defendió su enmienda de totalidad alegando que el proyecto de ley «carece de rigor y de sentido común» y que en realidad persigue la reparación «tan sólo de determinadas víctimas».

Por ese motivo, los populares consideran que la Junta quiere introducir una visión parcial de la historia reciente, así como causar confrontación sobre una cuestión que, a su juicio, se superó con la transición. Además, estiman que se pretende tapar los verdaderos problemas de la región, como el paro, la educación y la sanidad.

Eugenio Romero, de Podemos, lamentó que el proyecto de ley llegue en el tramo final de la legislatura y que no dará tiempo a ejecutarlo. Pero consideró que se trata de «un día histórico» para iniciar la reparación real de las víctimas de la dictadura y acusó al PP de «reescribir la historia y lavarle la cara al franquismo».

El diputado socialista Fernando Ayala aseguró que el proyecto de ley no discrimina a ninguna víctima, sea cual sea su bando, y que el objetivo último es que «no haya ni un solo español en una cuneta». Por último, Leire Iglesas afirmó que el PP busca excusas para no apoyar la iniciativa de la Junta.

Además de la Ley de Memoria Histórica, ayer superaron el primer trámite plenario otras cuatro propuestas legislativas. En estos casos no se había planteado ninguna enmienda de totalidad, con lo que simplemente fueron presentadas, tras lo que pasan directamente a la comisión correspondiente.

Entre ellas se encuentra la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (Lotus), uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno regional. Esta nueva ley del suelo plantea un cambio de modelo, más centrado en las zonas rurales y menos en el desarrollo urbano. Entre otras cuestiones, propone mejorar el aprovechamiento de los terrenos rústicos.

También se trató por primera vez la propuesta de ley de contratación pública, pactada por PSOE y Podemos. Propone incidir en las cláusulas sociales y favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas en las licitaciones públicas.

Junto a esto, pasaron ante el Pleno otras dos propuestas de ley del Grupo Socialista, la de conciertos sociales y la del tercer sector. En el primer caso, se pretende aplicar fórmulas para concertar con las organizaciones sociales que prestan estos servicios por interés general y por periodos que superen el año de vigencia. En el segundo, la intención es regular los derechos y las relaciones de las llamadas asociaciones del tercer sector con la Administración regional. Ambas normas se complementan entre sí y aspiran a mejorar las condiciones de un colectivo con gran presencia en la región.

Una vez superado este primer trámite, los grupos parlamentarios dispondrán de un plazo de cinco días para solicitar la comparecencia de personas o entidades que estén relacionados con la materia en cuestión con el objetivo de enriquecer el texto. Ese periodo se abre hoy y concluirá el próximo día 20. Una muestra de lo apretado del calendario del final de la legislatura, en el que se prevé tramitar 25 iniciativas legislativas, de las que 23 corresponden al Gobierno regional o al Grupo Parlamentario Socialista.