La mayoría de los empleados públicos de la región no cobrarán en octubre la subida extra del 0,5%

Un acuerdo entre el Gobierno y las centrales sindicales que estableció un incremento fijo del 2,5% para este año, que los empleados públicos están cobrando desde enero, al que se podría añadir otro 0,5% si la suma del IPC armonizado de 2022 y de 2023 superara el 6%. Como así ha sido, los empleados públicos de la región, como los del resto del país, esperaban disponer del incremento este mes.

Una pequeña subida en la nómina que va desde los 80 euros aproximadamente en los que la tienen más baja hasta los 150 en los que cuentan con una retribución más alta, que para la mayoría de los empleados públicos de la región llegará no ahora, sino noviembre. Es el caso de los más de 50.000 que trabajan en la Administración General, Educación y Sanidad de la Junta de Extremadura.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha comunicado este miércoles que la Administración regional asumirá ese pago en la nómina del mes de noviembre, sin explicar los motivos del retraso en un abono comprometido y que supondrá para las arcas regionales un desembolso de unos 12 millones de euros.

Elena Manzano, que ha aclarado que dentro del presupuesto autonómico hay posibilidad de asumir estos pagos, ha destacado que con estas medidas se pone en evidencia que el Gobierno de María Guardiola cumple con la ley y se preocupa por la mejora de las condiciones de los empleados públicos ante el incremento de los precios.

Los sindicatos

Pero no lo ven así las centrales sindicales. «Si es un acuerdo que está pactado y previsto que se diera cumplimiento del mismo en octubre, lo lógico es que se hubiera hecho, que esa subida del 0,5% con carácter retroactivo desde enero de 2023 se hubiera hecho efectiva en la nómina de octubre», afirma María Ángeles Rodríguez, secretaria de Acción Sindical de UGT.

De hecho, las centrales ya sabían antes del anuncio de Elena Manzano que esa subida no estaba incluida en las nóminas. «Cada administración tienen que reunir la Mesa General de Empleados Públicos para ello y después tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno, y nada de esto se ha hecho», detalla María Ángeles Rodríguez. «Hemos pedido desde comienzos de septiembre que se convocara la Mesa para tratar este asunto y no se ha atendido nuestra petición hasta la fecha».

«Esperamos que se convoque la Mesa en breve para que nos den una explicación respecto al retraso en el pago del 0,5% y también para otros asuntos pendientes como el abono del 2% de 2020 que aún se adeuda a los empleados de la Junta», afirma por su parte Benito Román, presidente autonómico de CSIF.

«Desde ANPE exigimos a la mayor brevedad el pago del 0,5% acordado y no volver a ser la comunidad autónoma más perjudicada del país, ya que con el anterior gobierno no se efectuó la subida salarial del 2% en el año 2020 y ahora ocurriría lo mismo si con el gobierno actual ese incremento y atrasos no se hicieran efectivos», declara el presiente regional de esta central, Antonio Vera.

Otras administraciones

Cabe recordar que el pago del 2% durante 11 meses de 2020 que aún se debe a los empleados de la Junta supone un desembolso de 27 millones de euros, pero el Gobierno de María Guardiola se ha comprometido a saldar la deuda. La consejera de Hacienda ha asegurado al respecto que se están estudiando plazos, condiciones y forma de pago, y que se quiere llegar a un acuerdo con los sindicatos.

Centrales, precisamente, que esperan que se les convoque para ello, «para establecer el calendario y se salde lo que se nos adeuda», en palabras de Benito Román. «Pero confiamos en que ese acuerdo se alcance en breve y la Junta lo cumpla como ha hecho respecto a la carrera profesional y hará también con la extra del 0,5% aunque tengamos que esperar a noviembre».

No solo lo tendrán que hacer los empleados públicos de la Junta. También los 948 trabajadores de la Diputación de Cáceres, que aprobará en el pleno de este octubre la modificación de crédito precisa para afrontar el pago, y posiblemente también los del Ayuntamiento de Plasencia por el mismo motivo.

Los empleados de los ayuntamientos de Mérida y Badajoz cobrarán ya en la nómina de este octubre el 0,5% correspondiente a este mes y los atrasos desde enero de 2023, en la nómina de noviembre.

Y los que contarán con la totalidad del pago comprometido este octubre serán los 1.554 trabajadores de la Diputación de Badajoz y los del Ayuntamiento de Cáceres. En el caso de esta última administración, a través de dos nóminas este mes: una con el 0,5% y otra con los atrasos desde el pasado 1 de enero.