La madera quemada: cortarla pronto y a subasta
La retirada de madera quemada la hace la Administración mediante la declaración de emergencia de una serie de actuaciones
A horas de que el incendio que se originó en Pinofranqueado y pasó a términos de la Sierra de Gata se dé por extinguido, el ... siguiente trabajo en acometer es la retirada de toda la madera de los árboles quemados. Pinos, fundamentalmente. Según explica Francisco Castañares, presidente de la asociación de empresas forestales, «hay que actuar sobre el arbolado quemado rápidamente para evitar plagas» y para que se trabaje sobre el terreno para evitar una mayor erosión.
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La retirada de madera quemada la hace la Administración mediante la declaración de emergencia de una serie de actuaciones. «La leña se corta, se apila en sitios estratégicos y se subasta. Si es en monte público, la Administración propietaria -Junta o ayuntamientos- debe sacar un procedimiento de subasta. Si es en monte privado, su titular puede regalarla o venderla, como le parezca», finaliza Castañares.
La madera de un incendio se puede vender. Hace unos años, se prohibió su venta por la Junta de Extremadura porque se consideraba que podía incentivar de alguna forma la actuación de incendiarios. Pero tras unos años esa prohibición se levantó. «Los propios ayuntamientos se lo pidieron a la Administración regional porque, aparte de tener la desgracia de sufrir un incendio y no poder aprovechar sus montes, tenían otra, no poder sacar unos euros por la madera quemada», agrega.
Esa madera quemada se debe extraer lo más pronto posible en su totalidad, «en cinco o seis meses» como máximo. Solo sirve para leña o para producir energía en plantas de biomasa.
El mapa del incendio forestal que ha arrasado unas once mil hectáreas en Las Hurdes y Sierra de Gata tiene varias manchas verdes, islas que se han salvado del fuego. Una de ellas coincide con una de las zonas donde Antonio Mateos paseó con sus cabras y ovejas, un área que ardió hace tres años. Pastoreo preventivo se llama, una tarea por la que la Junta de Extremadura le paga unos cuatro mil euros al año.
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