«Llevo 20 años trabajando en la Junta y no han sacado a concurso mi plaza»

«No soy una vaga redomada. Aprobé una oposición pero sin plaza y llevo mucho tiempo esperando a que se haga justicia», expresa a HOY esta mujer del municipio cordobés de Hinojosa del Duque y residente en Jerez de los Caballeros, donde trabaja su marido, también veterinario. Tiene su caso en el Tribunal Supremo tras haber perdido su reclamación en el juzgado de lo Social. Con el cambio de norma del Gobierno, espera que tenga más éxito en su reclamación judicial.

Como ella, decenas de empleados públicos de la región –la Junta asegura que no sabe la cifra y está elaborando un informe– miran con buenos ojos el real decreto que acaba de aprobar el Ministerio de Hacienda y Función Pública para regularizar la situación de trabajadores públicas que ocupan de forma interina o encadenan contratos desde hace años sin haber tenido la opción de coger su plaza.

Se recoge en el decreto que los empleados que lleven diez años en el mismo puesto sin haberse convocado oposición solo tendrán que superar la fase de concurso. Ese real decreto será tramitado como proyecto de ley y espera que se aprueba en octubre. El personal temporal con más de diez años de experiencia en la Administración podrá acogerse al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma hace posible la valoración de méritos para el acceso como posibilidad excepcional en vez de obligar a pasar por un examen o prueba eliminatoria como requisito para obtener la plaza.

«Todo esto es una buena media noticia. Esperemos que se confirme», asevera, cauta, Aranda, una trabajadora pública que tiene la condición de personal laboral indefinido no fijo desde 2015. Fue la decisión que adoptó entonces la Junta tras ir encadenando uno tras otro contratos desde 2001.

La historia de esta veterinaria afincada en Jerez, indica, demuestra que su capacidad de sacrificio y entrega laboral. Fue una de las cinco personas de las 250 que solo aprobaron Veterinaria en la promoción de 1987-1992 en la Facultad de Córdoba. En 1994 y con una hija recién nacida, aprobó las oposiciones de lo que se le llamaban entonces veterinarios sanitarios locales.

«A los pocos que quedamos sin plaza nos recolocaron donde quisieron», expresa. «Me metieron en otro cuerpo de veterinarios, el de titulados superiores. Me contrataron de interina pero había pasado muy poco tiempo y se convocaron las oposiciones. Apenas tenía tiempo trabajado y, por lo tanto, puntuación. Aprobé otra vez y quedé sin plaza».

Ya estaba viviendo en Jerez y tenía a sus dos hijas. Iba y venía todos los días a Badajoz a trabajar en el centro de Los Pinos, en el laboratorio de Salud Pública, y, cuando podía, estudiaba. «Ocuparon mi plaza del laboratorio. Me dieron algunas sustituciones en Montijo, Fregenal y Villafranca. Todo esto en Salud Pública pero en 2001 me llevé una tremenda alegría cuando me llamaron de la Consejería de Agricultura. Iba a trabajar en el Censyra».

María Luisa Aranda comenzó a desempeñar su trabajo en ese prestigioso centro en abril. La contrataron por obras y servicios. Por dos años. Y ahí sigue aunque ahora está de baja por una segunda operación en sus manos. «Estoy deseando volver a trabajar porque esa es mi condición», dice.

Durante este período en el Censyra ha habido convocatorias de veterinarios funcionarios pero «jamás de laborales. Los pocos veterinarios laborales que estamos en la Administración no hemos tenido un numerito que saliera en las relaciones de puestos de trabajo. No existíamos», clama.

Por el Censyra, incide, se ha recorrido toda Extremadura. En campaña de inseminación artificial ovina, dos días a la semana, «he trabajado 13 horas seguidas porque la mayor parte de la cabaña ovina está en la zona de La Serena y La Siberia. Me han hecho pararme en la Oficina Veterinaria de Zafra a firmar a las nueve de la noche porque no se creían mis horarios», subraya.

En 2017 tuvo un atisbo de esperanza. La nombraron definitivamente laboral indefinida no fija... adscrita a una plaza de funcionario. «No sé cómo se digiere eso. El 23 de mayo de 2019 me enteré que se convocaba esa plaza pero como concurso de traslado para funcionarios. No era concurso oposición. No me dieron ninguna oportunidad de lucharla. La persona que la ocupó solicitó una comisión de servicio y sigo en ella sin poder optar a ella», sostiene.

La veterinaria insiste. «Tengo una oposición aprobada y no tengo plaza. He trabajado mucho y en muchos sitios. La gente me conoce. A mí jamás me han dado la posibilidad de hacerme con una plaza de funcionario del Censyra. Y lo tengo claro: quiero optar a ella. Solo pido justicia y poner fin a tantas irregularidades», remata María Luisa Aranda.