El TSJEx autoriza el comienzo de la demolición parcial de Isla Valdecañas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) emitió ayer un auto en el que autoriza a la Junta a iniciar la demolición parcial y la revegetación de Marina Isla Valdecañas, es decir, le da vía libre para que empiece a cumplir la resolución que ordena echar abajo lo que está a medio construir y respetar lo que se usa. Este fallo no implica que las máquinas vayan a entrar en el complejo residencial y de ocio en unos días o unas semanas. Ni siquiera dentro de unos meses. Eso no ocurrirá antes de un año, y el proceso entero para cambiarle la cara al resort hasta cumplir el mandato de los tribunales durará como poco 35 meses, como ya adelantó HOY el pasado 31 de enero.

Cómo derribar una parte del resort y cómo renovar su vegetación hasta convertirlo a en un espacio más acorde a la zepa (zona de especial protección de aves) de la que forma parte figuran en un plan con 51 actuaciones que la Administración regional envió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a finales del año pasado. Esta se lo trasladó en enero a las partes implicadas, y formularon alegaciones todas (la promotora, los dueños de chalés, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y las asociaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción-CODA, que fueron quienes llevaron las obras del resort a los tribunales hace 13 años).

Lo que ha hecho ahora el TSJEx es responder a una pregunta clave en este punto del proceso: ¿Ese plan de la Junta puede empezar a ejecutarse ya o hay que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que Ecologistas en Acción-CODA presentó contra el auto del TSJEx que ordena la demolición parcial? Porque puede ocurrir que el Supremo admita ese recurso de casación –viene rechazando en torno a 83 de cada cien–, asuma la postura ecologista y ordene que la demolición no sea parcial sino total. La respuesta a ese interrogante se conoció ayer y es un no.

La Sala viene a decir que el plan puede iniciarse porque un derribo parcial no perjudicaría un hipotético derribo total. Que la Junta active su plan «no causa perjuicios ni crea situaciones irreversibles, y en nada se obstaculiza lo que el Supremo pudiera acordar», escribe Daniel Ruiz Ballesteros, presidente de la Sala. «Se trata –añade– de un adelanto de la ejecución definitiva que llegará cuando exista una decisión judicial firme, pero hasta entonces, no existe impedimento para iniciar la ejecución».

En base a este planteamiento, la Junta puede comenzar a tramitar el derribo de todo lo que está a medio construir, que en esencia es el esqueleto de hormigón y hierro de lo que en los planos era un hotel de cinco estrellas con centro médico, 42 chalés y algunas otras construcciones, entre ellas el piso piloto o la oficina de la promotora.

Otra cuestión son las medidas para hacer del resort un espacio más sostenible. En este punto, el TSJEx es menos tajante que con la demolición. Permite la mayoría de esas actuaciones de mejora, por los beneficios inmediatos que aportarían al medioambiente, pero considera que hay otras que la Junta debe aplazar. Son las que afectan a cuatro ámbitos: el riego y drenaje del campo de golf, la contaminación lumínica y acústica, la navegación del embalse y la recogida selectiva de basuras.

Si se ponen en marcha y el Supremo ordena la demolición total, habría sido un trabajo en balde, argumenta la Sala de lo Contencioso-Administrativo. «Se habrían iniciado o adoptado medidas que finalmente no se mantendrían», razona el tribunal extremeño, que sí permite el inicio de las obras para poner en marcha las depuradoras del complejo y de los dos municipios sobre cuyo suelo se levantó el complejo. También la vigilancia ambiental con dos agentes o guardas permanentes en la zona y la construcción de un mirador de 20 metros cuadrados con estructura de madera a las afueras de El Gordo y un centro de interpretación en las antiguas escuelas de Berrocalejo.

En cualquier caso, las máquinas no entrarán en Isla Valdecañas en este año. Porque según el calendario de trabajo incluido en el plan que la Junta envío al TSJEx, las 51 actuaciones a desarrollar en el complejo le llevarán 35 meses, y la medida denominada 'Ejecución de la demolición, retirada de residuos y preparación del terreno para la revegetación' no comenzará hasta el mes número 12, o sea, no antes de un año desde que el plan se ponga en marcha. Esto es así porque antes de que entre la piqueta, es necesario encargar a la empresa pública Tragsa que redacte el proyecto de demolición (dos meses), redactar ese proyecto y sus estudios asociados (cuatro meses), evaluar el impacto ambiental (otros cuatro) y contratar las obras (uno más).