La Junta sacará a examen 2.765 plazas de empleo público en Extremadura en 2025

La mayor parte de esas plazas, 2.037, corresponden al SES porque son la suma de las tres últimas ofertas de empleo públicas aprobadas –las de 2021, 2022 y 2023– y estarán encabezadas por médicos de Familia, enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería, celadores y auxiliares administrativos.

A ellas se suman las 279 de Educación, cifra que ha contado con el rechazo de las centrales sindicales docentes por considerarla insuficiente, y también las 449 plazas de Administración General que serán convocadas igualmente antes de que finalice este mes de diciembre.

En cuanto a éstas, 299 son de personal laboral y 150 de funcionarios. De las primeras, 37 se reparten entre ATS/DUE, educador y fisioterapeuta; 54 plazas para técnicos de Educación Infantil; 88 para ATE-cuidador, auxiliar de enfermería, bombero forestal conductor y cocinero; y 120 para ayudante de cocina, camarero/limpiador y ordenanza.

Respecto a las 150 de funcionarios: 20 para titulados en Económicas, Jurídica, Psicología y Veterinaria; 35 para personal técnico de administración financiera, administración general, empleo, higiene industrial, seguridad en el trabajo y trabajo social; 50 plazas para administrativo de administración general y agente del medio natural; 35 para auxiliar de administración general y 10 plazas para subalterno.

Sin embargo, de la misma manera que en Educación, los sindicatos han criticado la escasa oferta en este ámbito autonómico. Desde su punto de vista, la convocatoria no debería incluir solo las plazas de la oferta pública de empleo del año 2021, sino que se tendrían que sumar las de 2022 y 2023 también para hacer más atractiva la convocatoria. En ese caso, en lugar de una oposición con 449 plazas, el número podría elevarse a 1.600.

Esta crítica fue trasladada este martes en la Asamblea al director general de Función Pública, Jesús Expósito, por parte del portavoz socialista en la comisión de Administración Pública, José María Vergeles. «No aglutinan las tres ofertas, como han reclamado los sindicatos, porque no creen en el empleo público y prefieren dar margen a la temporalidad; no sacar más plazas es hurtar posibilidades a los empleados».

«Somos conscientes de que una mayor convocatoria sería más atractiva, pero no tomamos decisiones con criterios de propagada como ustedes, sino con criterios de eficiencia y racionalidad», respondió Expósito.

El director general de Función Pública explicó que antes de que acabe el año se publicará la nueva convocatoria con 449 plazas, las concernientes solo a la oferta de 2021, y en que en los seis primeros meses del próximo año se publicará la referente a 2022 y 2023. Aunque siempre cabe la posibilidad, dijo también, de ampliar el plazo de solicitudes en la primera convocatoria y añadir las plazas pendientes.

El objetivo de hacerlo a priori por plazos, en convocatorias separadas, es ultimar las herramientas tecnológicas que se están implementando en este sector autonómico, siguiendo los pasos dados en Sanidad y Educación, para agilizar la convocatoria, de tal manera que tanto la presentación de las solicitudes como su tramitación sea telemática. Por ello, expuso el director general, se ha optado por separar las convocatorias, para constatar que estas herramientas funcionan, dado que son muchas las personas que acuden a estas oposiciones.

Además, añadió, antes de sacar a oposición nuevas plazas se tendrá «la foto» de cuál es la realidad de la Administración General y cuáles son sus necesidades de personal, una vez concluya el proceso de estabilización. Respecto al mismo, Expósito reconoció, aunque no de manera explícita, que no estará ultimado en plazo, es decir, antes el próximo 31 de diciembre. «Pero los plazos no son esenciales, lo son los objetivos, que son reducir la temporalidad y mejorar la estabilización, y estos se van a cumplir en un breve plazo», garantizó.