La Junta se reúne 'in extremis' con empresas del transporte escolar para garantizar el servicio

Su licitación quedó desierta porque ninguna empresa se presentó al concurso y la Junta ha denunciado por lo penal a «un grupo minoritario» por supuestas coacciones. «Las prácticas denunciadas tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco», aseguró la Junta de Extremadura un día después de interponer la denuncia.

Este martes, tras el Consejo de Gobierno de la Junta, la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha detallado que «se está celebrando una reunión con una parte mayoritaria del sector que sí cumple con el compromiso acaecido en 2024, cuando llegamos por unanimidad a impulsar un acuerdo marco que suponía una mejora muy importante con un incremento del precio de hasta el 20% en algunas rutas y del 50% para otras, lo que suponía una inversión de 16 millones de euros».

La mayoría, ha recalcado, suscribió dicho acuerdo y se presentó a la licitación. «Un acuerdo suscrito por unanimidad que incumplen una minoría de empresas porque chantajea y pretenden una subida en el precio que previamente hemos acordado. Hay que tomarse en serio lo que está sucediendo. Y hoy es un día esencial para seguir garantizando ese servicio», ha insistido Manzano.

En ese sentido ha aclarado: «No vamos a ceder a coacciones, que es lo que se denuncia el pasado viernes. Coacciones a las que una parte minoritaria somete al resto de empresas para que estas rutas no sean prestadas. Esta en juego el acceso de 7.000 niños a los colegios».

Las 242 rutas afectan a los dos provincias, aunque en mayor medida a Badajoz, donde superan las 150 sin una solución a dos días del inicio de las clases.

Manzano ha asegurado que la Junta «ha acudido a la vía judicial con el convencimiento de que puede prosperar». Y es que ha solicitado a los tribunales medidas cautelares para garantizar dicho servicio. Por el momento, la justicia no se ha pronunciado. Manzano ha dicho que «este Gobierno trabaja con arreglo a la ley y para garantizar ese derecho esencial de todos los extremeños de acceder a la educación».

Preguntada por posibles alternativas para que finalmente los 7.000 alumnos afectados tengan acceso a las rutas, ha afirmado que hay distintas vías en el ordenamiento jurídico que sin duda utilizarán para garantizar el servicio. Ha insistido en que «el Gobierno no está dispuesto a asumir chantajes y coacciones».

La Junta de Extremadura incide en que está trabajando para garantizar todas las rutas escolares, en total 579 que usan 16.000 alumnos, y lanza un mensaje de calma a las familias. «No tengan duda de que nuestro Gobierno trabaja mañana, tarde y noche para que ese servicio sea una realidad», ha asegurado la portavoz regional. «La denuncia se puso el jueves por la noche y esperemos que cuanto antes se solucione con la medida cautelar», ha añadido.