La Junta paga 225.000 euros en intereses a la Creex por las ayudas de los cursos de formación

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha determinado que la entidad tiene derecho a cobrar ese dinero aunque siga abierta la investigación judicial. La sentencia, del pasado mes de diciembre, ya es firme y el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha iniciado su ejecución.

El pleito tiene su origen en la concesión de subvenciones del ejercicio 2011 para planes intersectoriales dirigidos prioritariamente a personas ocupadas. Consisten en cursos para la adquisición de competencias transversales para el reciclaje y recualificación de trabajadores.

La convocatoria de 2011 se publicó el 20 de junio, con el Gobierno del PSOE en funciones tras la victoria del PP de José Antonio Monago en las elecciones autonómicas. La dotación fue de algo más de 7,8 millones de euros, de los que 6,8 eran para planes de formación intersectoriales.

El 27 de diciembre de ese año el Sexpe otorgó a la Creex una subvención por 3.137.491 euros. En agosto de 2012 pagó como anticipo el 50%, 1.568.745,50 euros; y tras una primera justificación en enero de 2013 otro 25%, 784.035,25. Por tanto, quedaba pendiente el mismo importe, que se debía percibir una vez acreditado la totalidad del gasto.

La sentencia del TSJEx señala que la entidad presentó en marzo de 2013 la liquidación completa de las acciones desarrolladas y la documentación correspondiente. En septiembre de 2014, casi un año y medio después, se dictó una primera propuesta de pago, pero el Sexpe sólo reconoció como gastos justificados 2,71 millones de euros y requirió más documentación. En octubre de ese año volvió a pedir más información y tras esto se modificó el derecho al cobro, que ascendió al 100% de la ayuda.

Sin embargo, en marzo de 2015 la Junta puso en conocimiento de la Fiscalía incidencias de delito, lo que dio paso a la apertura de diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, un procedimiento que aún está abierto.

La consejera de Empleo con José Antonio Monago, María Ángeles Muñoz, dio a conocer estas posibles deficiencias en una rueda de prensa en marzo de 2015, apenas dos meses antes de las elecciones de ese año. Su denuncia se dirigió tanto a la Creex como a los sindicatos UGT y CC OO. Entre otras deficiencias, se detectaron gastos facturados por encima del coste real. Los indicios de fraude, a partir de una proyección del 10% auditado, ascendían a 1,5 millones de los 3,14 que se concedió a la patronal.

Tras la victoria electoral del PSOE en ese año, el procedimiento administrativo siguió su curso con la investigación judicial ya en marcha. Según recoge la sentencia, en diciembre de 2018 la directora general de Formación para el Empleo inició la declaración de la pérdida parcial del derecho al cobro por algo más de 2,7 millones y el reintegro de cerca de 1,92 millones. Con ello sólo reconocía el derecho a percibir 436.000 euros, y como ya había percibido 2,35 millones, reclamaba la devolución del exceso.

Pero en diciembre de 2019, y tras las alegaciones presentadas, se dictó una resolución del secretario general del Sexpe en la que se acordó dejar sin efecto la pérdida parcial del reintegro y se reconoció el derecho a recibir el total de la ayuda y por tanto la cuantía pendiente, 784.035,25 euros. Aún así, el pago no se hizo efectivo hasta el 30 de agosto de 2022.

En enero de 2023, más de once años después de que se concediera la subvención, la Creex reclamó el pago de los intereses de demora. Su petición fue desestimada por el Sexpe en julio del pasado año, de nuevo con un gobierno en funciones. Tras esto, la entidad recurrió a los tribunales.

La organización empresarial defendía que el pago debía haberse realizado a los tres meses de justificar la subvención, por lo tanto desde junio de 2013, sin perjuicio de las labores de comprobación posteriores. Por su parte, la Junta pidió la desestimación del recurso debido a que tuvo que requerir documentación varias veces para comprobar el cumplimiento de la ayuda, sin que exista plazo legal para ello. A esto se sumó el inicio del proceso penal y el expediente de reintegro que finalmente fue archivado.

El TSJEx dio la razón a la Creex, aunque parcialmente. Apuntó que la Junta no estaba obligada a pagar la subvención en un plazo de tres meses tras la justificación del gasto, ya que esa cláusula no estaba recogida en las bases de las ayudas ni aparece en la legislación. Por tanto, no considera que deba reclamarse intereses desde marzo de 2013.

Pero el tribunal estimó que la Administración debía pagar desde que se entendió justificada la ayuda «y ello es independiente de la posibilidad de iniciar un procedimiento de reintegro o un control financiero», para lo que tenía un máximo de cuatro años.

Para el TSJEx, el procedimiento terminó después de que se reclamó nueva documentación a finales de 2014, que fue aportada a comienzos de 2015. El 16 de abril de ese año, menos de un mes después de la denuncia de la Junta, la entidad presentó la propuesta de liquidación. La sentencia recoge que ese debe ser el día a partir del cual hay que calcular los intereses de demora.

La Consejería de Economía y Empleo explica que el pago no se hizo en 2015 porque se inició el proceso penal. Asimismo, afirma que se revisará el expediente administrativo para saber por qué en 2018 se anuló el pago y después se reconoció en 2019, y sobre todo por qué no se pagó hasta agosto de 2022.