Las rebajas fiscales de la Junta para este año tienen un impacto de 29,3 millones de euros

El Ejecutivo autonómico aprobó en enero el decreto-ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria. Ese texto incluyó las rebajas contenidas en una norma de 2024, destinada a facilitar el acceso a la vivienda, así como las que se incluyeron en el proyecto de Presupuestos para 2025. La primera propuesta fue rechazada por el Parlamento regional y las cuentas se retiraron por falta de apoyos, con lo que se buscó una nueva vía para su aplicación.

Este decreto-ley tenía un impacto estimado de cerca de 23,8 millones de euros. La mayor parte, 6,2 millones, corresponde al impuesto de transmisiones patrimoniales por la ampliación de los márgenes para optar a un gravamen del 7% en la compra de vivienda y el tipo superreducido del 4% para menores de 36 años. A esto se sumaban cerca de 5 millones en el IRPF, principalmente por la nueva deducción autonómica para arrendadores de viviendas vacías. También destacaba la extensión de los beneficios fiscales en sucesiones para casos de especial vinculación (2,5 millones) y dos medidas de años anteriores, la bonificación del 75% del canon de saneamiento (4,5 millones) y las reducciones en varias tasas y precios públicos (5,3 millones).

Vox accedió a convalidar el decreto-ley, pero a cambio de convertirlo en proyecto de ley para poder introducir enmiendas. El pacto con el PP también recogió la derogación de la ley de memoria histórica mediante la aprobación de la nueva ley de concordia, actualmente en tramitación en la Asamblea de Extremadura.

La directora general de Tributos de la Junta, Fátima Pablos, ha señalado este martes en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura que el impacto de las enmiendas pactadas entre PP y Vox asciende a 5,5 millones de euros. La mayor parte, 3,7 millones, obedece a la bonificación del 50% de las tasas de ITV para vehículos profesionales y al 100% de las licencias de caza y pesca. La ampliación de los límites para los tipos reducidos del impuesto de transmisiones aporta 1 millón más, mientras que la bonificación por inversiones para conservación o mejora de cotos de caza está valorada en 800.000 euros.

Pablos ha comparecido a petición de José Antonio González, de Unidas por Extremadura, quien ha criticado que el acuerdo entre PP y Vox restará otros 5,5 millones a las arcas autonómicas y que el proyecto de ley llegará a 29,3 millones con medidas que favorecen a los rentistas, los que venden su vivienda y los cotos de caza. A su juicio, con ese dinero se podría contratar a 500 profesionales sanitarios o mejorar la financiación de las residencias municipales de mayores.

Para José Antonio González, «estamos haciendo el tonto» siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas con medidas fiscales que tienen unos beneficiarios muy concretos en lugar de destinar ese dinero a las cuestiones que realmente interesan a los extremeños.

Por su parte, Fátima Pablos ha defendido que se dan facilidades fiscales a determinados colectivos, con objetivos como facilitar el acceso a la vivienda, por lo que no se trata simplemente de una pérdida de fondos para la Administración regional. «No debemos confundir las políticas de gasto con las medidas tributarias», ha añadido.