La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar

En total, aún están en el aire 242 rutas y la situación afecta a 7.000 escolares de la región que a partir del 11 de septiembre tendrían que usar el transporte escolar cuya licitación ha quedado desierta. Afectan a los dos provincias, aunque en mayor medida a Badajoz, donde superan las 150 sin una solución a cinco días del inicio de las clases.

La Junta indica que «las prácticas denunciadas tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco».

Hay que recordar que un grupo de empresas del sector no se presentó al concurso pese a que según ha indicado la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, «en el año 2024 suscribieron un acuerdo que suponía elevar la inversión en este servicio» y en el que se fijaban los precios por los que se iban a ofrecer dichas rutas.

Según la Junta, se trata de un acuerdo marco del que luego derivan licitaciones y contratos. «La mayoría de las empresas han licitado con arreglo a ese acuerdo, pero otras lo han suscrito y luego no se han presentado a las licitaciones», ha explicado Manzano para referirse a un supuesto incumplimiento de dicho acuerdo marco.

Según ha detallado Manzano, esa firma «suponía en la mayoría de las rutas un incremento del precio de un 20% y en determinadas de hasta un 50%, que se ha traducido en más de 16 millones de euros de financiación». Ha insistido en que se suscribió por unanimidad con todas las empresas del sector.

Dicho acuerdo, firmado en 2024, pero cuyo proceso de negociación comenzó en 2023, sitúa los precios iva incluido en 110 euros diarios para microbuses de una a ocho plazas a ocho plazas, en 157 para vehículos de ocho a 25, en 257 para 26 a 55 y en 284 euros para autobuses de 56 a 63 asientos.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano ha asegurado que lo hacen «en defensa del derecho a la educación de todos los ciudadanos extremeños, en la garantía de la prestación de un servicio fundamental y vital como es el transporte escolar». Ha insistido en que «este es un Gobierno decidido a cumplir con lo que es nuestra obligación, que es garantizar esa prestación del servicio y que no va a dudar en acudir a todos los medios legales, a todos los medios e instrumentos que nos proporciona el ordenamiento jurídico, para que esos servicios se presten en Extremadura».

Preguntada por si se puede obligar a una empresa a prestar un servicio, la portavoz regional ha indicado que «son esenciales y fundamentales, y están en un acuerdo que es la cobertura jurídica de unos compromisos a los que ha llegado nuestro Gobierno, una responsabilidad que ellos manifestaron tener».

Ha apuntado que la Consejería de Educación ha trabajado desde el primer momento en saber qué es lo que estaba sucediendo. «Ahora hay un punto de no retorno y vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestra disposición para garantizar el servicio».

Este asunto ya lo puso sobre la mesa el PSOE el pasado mes de agosto, que denunció «el desastre de gestión del Ejecutivo regional en materia de transporte escolar» tras confirmarse que más de la mitad de las rutas habían quedado desiertas en la primera licitación del nuevo acuerdo marco. «Dejan en el aire el derecho de miles de estudiantes extremeños a acudir a sus clases», criticó el grupo socialista.

“En apenas dos años de gobierno del PP, ya hay 18 rutas menos», detallaron, citando datos remitidos por la propia Consejería de Educación. «Su gestión va en dirección contraria a lo que Extremadura necesita”, insistieron.

Asimismo, criticaron que algunas de las rutas que han quedado desiertas afectan a centros de educación especial como PROA de Cáceres, Los Ángeles de Badajoz o el Antonio Tomillo de Zafra. “Estamos hablando de alumnado con necesidades específicas que no puede quedar desatendido por la improvisación y la falta de planificación de la señora Guardiola", lamentaron

Según los datos aportados por el Gobierno autonómico, en total en la región hay 579 rutas de transporte escolar, de las que hacen uso unos 16.000 alumnos aproximadamente.