La Junta creará un órgano público para hacer encuestas electorales y de opinión

La Consejería de Presidencia del Gobierno regional de María Guardiola prepara un decreto para la creación del Observatorio de Opinión Pública de Extremadura, el nombre que tendrá este nuevo organismo público.

Según recoge el proyecto de decreto, «el análisis de la realidad social y el conocimiento de las opiniones de la sociedad guardan relación directa con la iniciativa política e institucional». Por ese motivo, señala que las Administraciones Públicas pueden promover y realizar encuestas y estudios de opinión que contribuyan a «la planificación de la acción de gobierno y de la orientación de la actividad administrativa».

La Consejería de Presidencia recuerda que la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, del año 2013, recoge el derecho de la ciudadanía a ser consultada de manera periódica y regular sobre su grado de satisfacción respecto de los servicios públicos. Para ello, permite recurrir a encuestas, sondeos o paneles ciudadanos, cuyos resultados se deben difundir a través del Portal de Transparencia y Participación Ciudadana.

«Por otra parte, la actualidad muestra la procedencia de la realización de estudios prospectivos de la sociedad, a fin de conectar a los representantes públicos con la ciudadanía y de disponer de un análisis que favorezca y aproxime la definición y mejora de las políticas públicas», añade.

Por todo ello, el Gobierno regional plantea crear un órgano que permita «disponer de una visión global y actualizada de la realidad social extremeña en relación con las políticas o servicios de la Junta».

El nuevo centro estará adscrito a la Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social, a la que corresponde la asistencia política y técnica a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

El Observatorio de Opinión Pública tendrá entre sus funciones la realización de estudios de opinión y encuestas que proporcionen información sobre situaciones y asuntos sociales de la realidad de Extremadura y sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas.

Asimismo, se dedicará a elaborar encuestas electorales que pregunten sobre la intención de voto o sobre la valoración de los líderes y de los partidos políticos, así como los estudios postelectorales.

El organismo podrá colaborar con otras Administraciones Públicas y con centros universitarios y de investigación para la realización de actuaciones conjuntas. Asimismo, creará bases de datos en las materias de su competencia y deberá difundir los resultados de su actividad a través del Portal de Transparencia de la Junta.

La norma propuesta recoge que estará presidido por el consejero con competencias en materia de Presidencia (actualmente, Abel Bautista) y que contará con los titulares de las secretarías generales de consejerías de la Junta. «No supone, por tanto, la creación de ningún nuevo ente administrativo», destaca la consejería. Se podrá autorizar la participación de otras personas en razón de su experiencia y conocimiento de las cuestiones a tratar, las cuales tendrán voz, pero no voto. Además, contará con la asistencia técnica del servicio con competencias en materia de análisis y documentación de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

El proyecto de decreto recoge que al frente del Observatorio de Opinión Pública estará un coordinador que será un cargo eventual nombrado por la Consejería de Presidencia. El centro podrá realizar estudios por sí mismo o en colaboración con otras entidades. Para ello, dispondrá de los medios personales, materiales, económicos y presupuestarios necesarios para la ejecución de sus funciones. También se podrá promover contratos, convenios o instrumentos de colaboración con entidades públicas o privadas vinculadas al ámbito de actuación.

La promoción de encuestas electorales por parte de un organismo de carácter público supone una novedad para la Junta de Extremadura. Sin embargo, en ocasiones recientes se han llevado a cabo estudios similares para conocer la opinión de la sociedad extremeña sobre cuestiones de actualidad.

En abril de 2022 el Ejecutivo regional del PSOE presentó un estudio sociológico sobre la protección ambiental del suelo en la región y su posición ante posibles modificaciones, un trabajo que se encargó poco después de que se conociera la resolución definitiva sobre el derribo del complejo Isla de Valdecañas y el recurso presentado por la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional para tratar de evitar la demolición.

Esa encuesta, que tuvo una muestra de alrededor de mil personas repartidas de forma proporcional entre las dos provincias extremeñas, también preguntó por intención de voto para los comicios autonómicos de 2023. El estudio fue realizado por la empresa Metroscopia y tuvo un coste de 17.545 euros para las arcas regionales.