Las interpretaciones en el protocolo de vacunación abren una guerra política

Las interpretaciones en el protocolo de vacunación han abierto una guerra política en Extremadura. El Partido Popular ha acusado a la Junta de modificar el documento que establece el orden de administración de dosis para que se puedan vacunar altos cargos. Ante eso el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y el presidente de la región, Guillermo Fernández Vara lo niegan tajantemente.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, indicó que se ha manipulado el protocolo una vez que «se conocieron algunos casos de vacunación irregular». Los populares se refieren a dos documentos a los que ha tenido acceso este diario.

Por un lado, uno del 22 de diciembre en el que se incluía como población a vacunar «al personal sanitario de Salud Pública en la gestión directa de la pandemia en función de su riesgo de exposición»; y, por otro, un documento del 18 de enero en el que se alude también a ese personal pero se elimina la frase «en función de su riesgo de exposición».

Para el PP eso abriría la posibilidad de que se vacunaran altos cargos del Servicio Extremeño de Salud (SES), interpretación que Fernández Vara ha negado rotundamente. «Ningún alto cargo de la Junta se ha vacunado ni ninguno se vacunará hasta que le toque», escribió en una red social. Además, dice que no se ha cambiado ningún protocolo con ese fin.

La Junta afirma que en la Consejería de Sanidad, incluidos el consejero y su gabinete, así como el gerente del SES, los directores generales y los subdirectores, no se consideran de primera línea y por tanto no han sido vacunados.

Vergeles también niega que se haya producido una modificación en los protocolos que pueda equiparar al personal sanitario en primera línea con los gestores de la pandemia.

Explica que en la ponencia del registro de vacunas del 15 de diciembre «esa coletilla en ese epígrafe concretísimo» ya se había eliminado, al entender que estaba «subsumido en el epígrafe completo». Sin embargo, «en el documento del 22 de diciembre esa coletilla sigue existiendo», critican los populares.

No obstante, el consejero se mostró ayer incómodo cuando se le preguntó por este asunto durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, y aseguró a los periodistas que «si están tan preocupados por este tema» le dirá a Salud Pública que haga una corrección urgente. Recalcó que no tiene problema en recuperar la redacción anterior para zanjar las acusaciones.

En el documento del 18 de enero es cierto que cuando se refieren al personal sanitario de Salud Pública que trabaja en la gestión de la pandemia lo hacen sin incluir la frase «en función de su riesgo de exposición», que es la postura defendida por el PP; pero también es verdad que en un apartado anterior que afecta a esos gestores de la pandemia dice literalmente: «Personal del ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente».

Por tanto, podría interpretarse que ya existe peligro «al trabajar de cara al paciente» sin necesidad de que se especifique con la frase «en función de su riesgo de exposición».

También es cierto que esta modificación ha coincidido con la difusión de los primeros casos de personas que se habían vacunado saltándose los protocolos, pero tampoco prueba que esa modificación se haya hecho en ese momento con una determinada intención. Por tanto el documento está abierto a múltiples interpretaciones.

De momento, los diputados extremeños del PP han registrado en el Congreso una pregunta instando al Gobierno regional a contestarles con «el anexo de ese protocolo de vacunación que incluye la relación de vacunados hasta el 18 de enero».

Por su parte, Podemos en Extremadura anuncia que presentará ante la Fiscalía diferentes casos de cargos públicos que se habrían vacunado contra la covid-19 en la región supuestamente antes de su turno.

También han estado abiertos a interpretaciones los casos que ya se han conocido. El primero fue el de la concejala socialista y directora del centro sociosanitario de Plasencia, Soraya Cobos, que fue vacunada el 4 de enero en las residencia de Valdeobispo. Eso generó malestar entre los trabajadores del centro sociosanitario, donde la primera fase de la vacunación fue los días 9 y 10 de enero, al entender que Cobos no es personal sanitario.

No ha dimitido, y tampoco se han planteado hacerlo alcaldes que ya se han vacunado (tanto del PSOE como del PP) alegando que son directores de residencias de mayores o pisos tutelados de sus localidades.

La que sí ha dejado su cargo es la directora del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón, que como adelantó HOY se vacunó el pasado 5 de enero durante una visita a la residencia de mayores La Granadilla, en la capital pacense.

Sobre el hecho de que esté habiendo vacunaciones irregulares, Vergeles pidió responsabilidad. «No quitemos la esperanza a la sociedad de la vacuna por tres garbanzos negros», dijo.